Vecinos, ambientalistas y referentes sociales cuestionaron el proyecto del gasoducto para exportar gas natural licuado desde Río Negro durante la audiencia pública realizada este viernes en el Gimnasio Municipal Sebastiana Antenao.
La audiencia pública por el proyecto del gasoducto dedicado para exportar gas natural licuado (GNL) desde Río Negro se realizó este viernes en el Gimnasio Municipal «Sebastiana Antenao», con la participación de autoridades, equipos técnicos, representantes institucionales y 168 oradores inscriptos. En el ingreso se dispusieron controles de seguridad, lo que generó demoras durante el acceso inicial.
Durante la jornada, vecinos, ambientalistas y referentes sociales expresaron cuestionamientos al proyecto. Los ejes de las críticas incluyeron el impacto acumulativo del desarrollo energético, la presencia policial en el predio y las dudas sobre la generación de empleo local.
Raquel Perier afirmó que «va a ser alimentado el circuito de acumulación de este negocio que es el GNL» y cuestionó que el esquema energético «lo fragmentaron en distintos proyectos, en distintos estudios» que «no nos permiten ver la globalidad de este esquema extractivo que nos quieren implementar». También preguntó: «¿A quiénes representan ustedes cuando aprueban los proyectos que ponen en riesgo el territorio?» y cuestionó el alcance de la participación ciudadana: «¿Por qué hablan de participación pública si no nos hacen participar ni nos tienen en cuenta? No están hablando de una participación real, sino de una formalidad para seguir con los pasos adelante». Además, reclamó precisiones sobre el empleo local y pidió conocer «cuáles son los estudios independientes», «dónde están los cargos reales y no transitorios» y «qué garantías dan de que los trabajos realizados no son de gente de afuera».
La legisladora del bloque Vamos con Todos, Ayelén Spósito, señaló «la oportunidad de expresarnos, de decir e intentar desarmar» y sostuvo que «una cosa es el discurso oficial y otra distinta lo que se percibe en la provincia, en las comunidades». Expresó que hay que «hablar de producción y trabajo, pero del genuino, del que genera futuro». Remarcó que Río Negro «tiene una larga historia de producción, pesca, fruticultura, turismo, ganadería, economía popular, modelo de provincia industrial», pero consideró que «el camino que eligió es otro, un modelo extractivista» y afirmó que el proyecto de GNL «es un claro ejemplo». Cuestionó que «nos dijeron que iban a cambiar la historia, pero lo que vemos hasta ahora es un esquema donde el gas se licúa en barco para evitar el trabajo en tierra». Indicó que «hay algo de lo que el discurso oficial habla muy poco, los impactos ambientales acumulativos» y sostuvo que «nos presentan cada obra por separado para no discutir el impacto total». Concluyó: «Los rionegrinos ya conocemos esta historia, la escuchamos con la megaminería, con las privatizaciones. El derrame no llega a los comerciantes, a las pymes, a los hospitales y en nuestra región esto se vuelve cada día más evidente».
Alicia Calendino cuestionó el operativo de seguridad desplegado durante la audiencia y pidió «que nunca más se aporten las fuerzas policiales y militares en los patios de las escuelas» porque «son para las niñeces». También planteó preocupaciones vinculadas al impacto ambiental del gas metano: «El gas metano es 80 veces más potente que el dióxido de carbono», afirmó, y sostuvo que «la mayoría de los contaminantes enferman». Reclamó mayor acceso a la información pública y preguntó «cuántas cámaras térmicas cuenta la provincia para determinar a las comunidades impactadas por fugas».
Martín Di Giacomo afirmó que el desarrollo representa «un ecocidio» y sostuvo que «todos los que están acá, políticos y empresarios, son cómplices del ecocidio». María Salcedo advirtió que «no es solo un gasoducto, son buques industriales, más presión sobre el mar y más riesgo sobre ecosistemas altamente frágiles». Señaló que «el propio informe reconoce que el estudio está fragmentado» y cuestionó si «vale la pena poner en riesgo un ecosistema entero por un proyecto que deja poco trabajo».
Suyhay Quilapán remarcó que, según el estudio ambiental, durante la etapa de obra «será de 1.500 personas en un tope alto», pero advirtió que «los trabajadores estables serán entre 13 y 21 personas en la estación compresora de Allen». También preguntó: «¿En qué vamos a trabajar los que estamos asociados al turismo y a la pesca?» y sostuvo que «esta actividad es incompatible con las actividades genuinas que tenemos las personas que vivimos en esta región».
Durante la audiencia, la consultora Serman y Asociados SA expuso su análisis ambiental. En la presentación, a cargo de Mariano Miculicich, María Sol García Cabrera y María Eugenia Lahaye, se resaltó que se «trata de una etapa» de la evaluación. Se explicó que solo habrá «cinco puntos de la instalación del proyecto que quedarán en superficie» y se reiteró que el plazo de ejecución se estima en 24 meses, con inicio previsto en «el segundo semestre del 2026». Se detalló que el cruce del río Negro se realizará por «abajo de su lecho para preservar su ambiente». El estudio permitió «identificar y caracterizar» la zona por donde pasa la traza y se indicó que «no existe ninguna área protegida, ni sensible». Los técnicos resaltaron que la traza tampoco «atraviesa centros urbanos», sino que «principalmente afecta a sectores agropecuarios».