La entidad Industriales Pymes Argentinos (IPA) informó un incremento del 131,71% en la apertura de concursos preventivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 2025, en comparación con 2023. La organización solicitó al gobierno nacional una ley de emergencia económica.
La entidad Industriales Pymes Argentinos (IPA) reportó un incremento superior al 130% en la apertura de concursos preventivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el último año y estimó que las cifras de 2026 superarán los registros de la pandemia. El presidente de la organización, Daniel Rosato, solicitó al gobierno de Javier Milei una intervención en el sector, y pidió al Congreso el tratamiento de una ley de emergencia económica para evitar el cierre masivo de empresas.
“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor. Porque estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, declaró Rosato.
Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2025 se registró la apertura de 190 concursos preventivos, contra 82 en 2023, lo que representa un incremento del 131,71%. Durante el período pico de la pandemia se habían ejecutado 106 concursos preventivos.
En el primer trimestre judicial de 2026 —febrero, marzo y abril— se abrieron 92 procesos concursales, una cifra superior a la registrada en cada uno de los años 2021 a 2024. IPA indicó que las empresas operan actualmente con una capacidad ociosa del 40,2%.
El titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, afirmó que entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas y que 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Pizzano señaló que la contracción en la producción generó una pérdida neta de inversión extranjera directa, calificada como la primera en 22 años.
IPA propuso la implementación de una ley de emergencia que suspenda ejecuciones hipotecarias y prendarias, extienda el período de exclusividad y facilite el acceso a soluciones preventivas. La organización sostuvo que la medida debe acompañarse de políticas macroeconómicas que favorezcan el mercado interno.