El juez federal Gustavo Zapata dictó prisión preventiva por 150 días para Julián Pérez y Nicolás Correa, acusados de integrar una organización dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes desde el Alto Valle hacia Bariloche.
En una audiencia realizada en los tribunales federales de Roca, el juez Gustavo Zapata resolvió formalizar la investigación y dictar la prisión preventiva para Julián Alberto Pérez (37) y Nicolás Alejandro Correa (28). Ambos fueron detenidos el jueves pasado en San Carlos de Bariloche, en el marco de una causa que investiga una organización criminal dedicada al transporte, distribución y comercialización de estupefacientes desde el Alto Valle hacia la zona andina.
Durante el allanamiento en un complejo habitacional de Bariloche, las fuerzas de seguridad secuestraron 1,67 kilogramos de cocaína, armas de fuego de grueso calibre y una suma millonaria de dinero en efectivo. Según la acusación fiscal, la banda utilizaba vehículos particulares y “mulas” en colectivos de larga distancia para trasladar la droga.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Sebastián Gallardo y los auxiliares Greta Dómina y Francisco Iglesia, solicitó que el proceso sea declarado “causa compleja”. Los fiscales argumentaron que la organización involucra a 26 personas, con ramificaciones en diversas jurisdicciones y modalidades delictivas que incluyen lavado de activos.
La investigación, que se extendió por más de 13 meses, permitió identificar a los líderes de la estructura, quienes se encuentran prófugos con orden de detención vigente. La fiscalía afirmó que la red no funcionaba como un “kiosco” de drogas, sino como una organización de mediana y gran escala en Bariloche.
El rastreo satelital fue la pieza clave para vincular a Pérez con la organización. Mediante dispositivos GPS y lectores de patentes, se detectó que realizó 14 viajes hacia Bariloche entre febrero y mayo de este año, generalmente nocturnos y por rutas alternativas. Correa, por su parte, fue señalado como el responsable de recibir el material para su distribución.
La fiscalía detectó que la organización utilizaba grupos de WhatsApp para la comercialización de estupefacientes, con entre 1.000 y 1.500 integrantes cada uno. En esos chats se ofrecían cantidades específicas de droga para abastecer a distribuidores locales, y los administradores realizaban amenazas a personas con deudas. La Justicia Federal autorizó la intervención de agentes reveladores digitales para infiltrarse en los grupos.
Además, se presentaron pruebas de transferencias bancarias y movimientos en billeteras virtuales entre Correa y los líderes de la banda por más de 5 millones de pesos. En el domicilio allanado se hallaron tres armas de fuego: dos pistolas Glock (modelos 19 y 26) y una Bersa Thunder calibre 380, junto con abundante munición.
El detalle de lo incautado incluye 1,67 kilogramos de cocaína, 16.565 dólares, 1.335.450 pesos argentinos y balanzas de precisión. La fiscalía subrayó que el valor de la droga en el mercado alcanzaría los 19.000 dólares.
Las defensoras oficiales de Pérez, Gabriela Labat y Astrid Reinetti, y el abogado particular de Correa, Julio Guillermo Oviedo, se opusieron a la calificación legal de “comercialización agravada”. Argumentaron que la aparición de sus defendidos en la causa fue reciente y que no existen mensajes directos que los vinculen con la venta de droga. También señalaron que la fiscalía entregó las pruebas con menos de 24 horas de antelación, lo que impidió un análisis profundo.
Reinetti sostuvo que “en este caso se ha cercenado el derecho al ejercicio de una defensa técnica eficaz”. Las defensoras de Pérez enfatizaron su arraigo en Allen, su trayectoria laboral lícita y su rol como padre de cuatro hijos, solicitando medidas alternativas como tobillera electrónica o caución real de 2,5 millones de pesos.
Oviedo calificó la acusación como “precaria” tras 13 meses de investigación sin pruebas de contacto directo de su cliente con los grupos de venta.
El juez Zapata ratificó la legalidad de las detenciones y formalizó la investigación por un año. Al decidir sobre la libertad, consideró que existen riesgos procesales de fuga y entorpecimiento. “Entiendo que la gravedad de las circunstancias, la cantidad de personas investigadas y el material probatorio secuestrado, incluidas las armas y el valor de la droga, justifican la medida”, señaló el magistrado. Dictó la prisión preventiva para Pérez y Correa por 150 días, con vencimiento el 28 de octubre de 2026, mientras se realizan pericias sobre 10 teléfonos celulares y dispositivos electrónicos incautados.