La ministra nacional Alejandra Monteoliva estuvo en Bariloche, se reunió con el intendente Walter Cortés y anunció un operativo federal sin coordinación previa con el gobierno provincial, que considera la seguridad como competencia exclusiva de su jurisdicción.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, visitó Bariloche hace diez días para presidir un encuentro sobre políticas contra el narcotráfico. Durante su estadía, compartió una mesa con el gobernador Alberto Weretilneck, pero también se reunió con el intendente Walter Cortés, con quien anunció un mega operativo de saturación de fuerzas federales en las calles de la ciudad, en coordinación con el municipio.
El gobierno provincial no participó en la gestión de ese despliegue. El gobernador Weretilneck declaró que «así estamos bien» y evitó profundizar en la polémica. La Provincia sostiene que la seguridad es una competencia exclusiva de su jurisdicción y que es el gobierno provincial, a través de la Policía Rionegrina, quien debe coordinar y diseñar la estrategia de seguridad, incluso si solicita o no colaboración de las fuerzas federales.
La Nación difundió que el operativo se realizó a pedido del empresariado local. Sin embargo, ninguna cámara empresaria se reunió con Monteoliva ni fue consultada para gestionar un encuentro. Esa difusión generó un reproche del gobierno provincial hacia el sector privado, que en esta gestión ha buscado afianzar vínculos con el poder económico de la ciudad.
Para reforzar esa relación, el ministro provincial Daniel Jara regresó a la cordillera esta semana e invitó a los empresarios al centro de monitoreo del 911. Allí exhibió un despliegue tecnológico que incluye cámaras con inteligencia artificial, detección de patentes y rastreo de datos, con 60 cámaras de alta tecnología que se planea multiplicar a 200.
El empresariado local valora el vínculo con el gobierno provincial y considera que no existe una «creciente inseguridad» como definió la Nación, sino «casos aislados». No obstante, la última víctima de uno de estos episodios fue el comerciante Elías Miguel. Por ese hecho, el gobernador se involucró directamente y prometió llegar hasta las últimas consecuencias. La fiscalía identificó a cuatro prófugos y se espera avanzar en la investigación.
La Provincia planea el arribo de 120 agentes de refuerzo para la temporada invernal y la instalación de más tecnología para la prevención.