jueves, 4 junio, 2026

El Gobierno busca que el Senado apruebe el acuerdo para pagar US$ 171 millones a fondos holdouts

El oficialismo impulsa en la Cámara Alta la media sanción de dos proyectos clave: el pago a fondos buitre y la inviolabilidad de la propiedad privada.

El Gobierno buscará este jueves obtener en el Senado la media sanción de dos proyectos considerados clave para la gestión de Javier Milei. Se trata del acuerdo para cancelar obligaciones con fondos holdouts por unos US$ 171 millones y de una iniciativa vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada.

Ambas propuestas serán debatidas en una sesión convocada para las 11, que genera expectativa tanto por el estado de la relación del oficialismo con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, como por la situación interna de La Libertad Avanza.

El escenario político cobra especial relevancia luego de que la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, expresara diferencias con la decisión del presidente Javier Milei de retirar el pliego de la candidata a jueza federal María Verónica Michelli.

El caso Michelli expuso diferencias entre los sectores más alineados con las decisiones del Gobierno y aquellos dirigentes que se incorporaron posteriormente al espacio libertario o que ya habían manifestado desacuerdos en otras oportunidades.

En ese contexto, la Casa Rosada buscará sostener la dinámica favorable que viene registrando en el Congreso desde la renovación de la composición parlamentaria y avanzar con la aprobación del acuerdo de conciliación con los holdouts.

Qué incluye el acuerdo que impulsa el Gobierno

El convenio alcanza a los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund. El acuerdo tiene vigencia hasta el 30 de junio y, en caso de ser aprobado por el Senado, deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. Para ello, previamente tendrá que obtener dictamen de comisión.

La iniciativa ya había sido incluida en una sesión convocada durante mayo, pero regresó a comisión luego de que se incorporaran bonos que no figuraban en el texto original y fuera necesario modificar la fecha de vencimiento para adecuarla al trámite parlamentario.

El acuerdo contempla la cancelación de bonos soberanos en default adquiridos tras la crisis de 2001 y posteriormente reclamados ante la Justicia de Estados Unidos. La propuesta fue aprobada en marzo de este año por la jueza Loretta Preska, del Distrito de Nueva York.

Bainbridge Fund es uno de los grupos acreedores que rechazó los procesos de reestructuración de deuda y mantiene litigios con la Argentina desde 2016. Por su parte, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, sostiene un reclamo judicial desde 2014.

Estos fondos holdouts fueron parte de los acreedores que impulsaron el embargo de la Fragata Libertad en Ghana en 2012 y cuentan con sentencias firmes a su favor por montos millonarios, luego de no adherir a los canjes de deuda impulsados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en 2005 y 2010, y por la administración de Mauricio Macri en 2016.

El proyecto sobre la propiedad privada

Además, el oficialismo intentará avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorporó modificaciones durante su tratamiento en comisión.

La iniciativa propone acelerar los procesos de desalojo mediante un trámite sumarísimo y habilita la restitución anticipada de inmuebles en casos donde exista verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial. También contempla la modernización de los sistemas de notificación mediante la incorporación del domicilio electrónico.

Asimismo, el proyecto otorga mayores facultades a la Justicia para identificar ocupantes y garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Entre sus puntos, también elimina restricciones para la venta de tierras a extranjeros, aunque mantiene la jurisdicción plena de las provincias sobre sus respectivos territorios.

El temario de la sesión se completa con los proyectos para la creación de una segunda Sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, impulsado por el senador radical Maximiliano Abad, y la reestructuración y división de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, iniciativa presentada por la senadora Beatriz Ávila, alineada con el gobernador Osvaldo Jaldo.

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