miércoles, 3 junio, 2026

El juez Carlos Mahiques solicitó sanciones éticas por presunta persecución mediática

El camarista Carlos Mahiques presentó un escrito ante el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, en el que denunció un proceso de acoso mediático contra el Poder Judicial y pidió penalizar el intercambio de información entre funcionarios judiciales y periodistas.

El juez Carlos Mahiques presentó un escrito formal para denunciar un proceso de “acoso mediático” contra los miembros del Poder Judicial. En el documento enviado al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, el magistrado solicitó aplicar “sanciones éticas” para castigar el intercambio de datos entre los funcionarios judiciales y periodistas.

En su texto, el funcionario rechazó lo que definió como una “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes”.

El camarista consideró que la necesidad republicana de una información “recta y objetiva” se encuentra vulnerada en el contexto actual. En su alegato, puntualizó que los temas de la Justicia son objeto de “innumerables comentarios, artículos o editoriales en portales digitales y -con particular virulencia en la grilla televisiva y on line de la empresa S.A. La Nación+”.

Además, acusó a un grupo de periodistas de ser “epígonos” y “nuevos sicofantes” que aluden a los magistrados con “términos y calificaciones pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas”. Para el funcionario, estos ataques sistemáticos generan un “efecto corrosivo ocasionado a la imagen, la dignidad y la legitimidad de la Justicia como un poder del Estado”.

Ante este panorama, el juez anticipó posibles acciones legales contra la prensa: “De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos”.

También manifestó sentirse desamparado porque los jueces y funcionarios carecen “de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.

Como solución, propuso la “instalación de una vocería u organismo de prensa que sistematice desde el mismo tribunal la difusión en tiempo y forma” para brindar una “fuente rigurosa, confiable y oficial”. A la par, instó a penalizar como una “grave falta el intercambio de información o de ‘favores’ que luego son utilizados por el periodismo como ‘fuentes judiciales’ no revelables”.

Para Mahiques, el escenario actual representa una “promiscuidad informativa” ejercida por un “periodismo oportunista y mercenario”. Además, el camarista exigió desarmar el argumento de “buenos y malos” para desenmascarar a “los inquisidores morales de doble estándar”.

En el tramo final del escrito, citó al asesinado juez italiano Giovanni Falcone para describir los métodos de desgaste: «Primero los ensucian, luego los aíslan, y finalmente los matan». Sobre esta línea, concluyó que los ataques configuran una “muerte lenta por desgaste personal y erosión simbólica” de los jueces.

Por este motivo, consideró imperativo “re-institucionalizar el debate entre los jueces y los medios” y encontrar una forma de “mesurar la desmesura” antes de que el poder estatal quede como un mero “servidor del discurso mediático”.

La nota surge en medio de la polémica por el pliego de María Verónica Michelli, cuyo pliego fue enviado por el Ejecutivo el 30 de marzo, pero casi dos meses después, este 27 de mayo, pidió retirarlo del Senado sin ningún tipo de explicación. Si bien el oficialismo evitó dar detalles, todos los indicios apuntan a que desde el entorno de Javier Milei buscan frenarlo dado a que la magistrada es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación que investigó a fondo el caso $LIBRA.

Quién es Carlos Mahiques: su vínculo con la AFA y el viaje a Lago Escondido

El funcionario judicial de 75 años cuenta con una extensa trayectoria tanto en el plano político como judicial. Durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Justicia durante seis meses. Luego ocupó un cargo de camarista en la Casación ordinaria hasta que, con la firma del expresidente Mauricio Macri, lo trasladaron a la Cámara Federal de Casación.

En la actualidad, su hijo Juan Bautista Mahiques se desempeña como ministro de Justicia de la Nación de la gestión de Javier Milei. En una de sus primeras medidas de marzo, envió al Senado el pliego para que su padre continúe en el cargo por un lustro más, decisión que el recinto aprobó el 19 de mayo.

Anteriormente, el magistrado protagonizó una fuerte controversia en el año 2022 por el caso Lago Escondido. Aquel escándalo estalló por un viaje a la estancia patagónica del magnate Joe Lewis que el juez concretó junto a otros magistrados, empresarios y lobbistas. La situación se agravó con la posterior filtración de supuestos chats privados que exhibieron los intentos de los involucrados por ocultar los detalles de la invitación. Mahiques y su hijo enfrentaron una imputación en los tribunales del sur del país, pero la causa pasó a los juzgados de Comodoro Py, donde finalmente resultó anulada y todos los acusados recibieron el sobreseimiento definitivo sin apelación de la fiscalía.

El expediente y su perfil volvieron a cobrar notoriedad pública en febrero de este año a raíz de que una investigación periodística reveló que el camarista celebró su último cumpleaños en una quinta atribuida a Pablo Toviggino, quien ejerce como tesorero de la AFA de Chiqui Tapia. En febrero, el juez presentó su renuncia a la subrogancia que ejercía en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal encargado de decidir el destino de la causa que investiga la titularidad de una lujosa propiedad en Pilar. La decisión fue formalizada mediante un escrito dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña.

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