El proceso judicial que investiga una presunta maniobra vinculada a la utilización de certificados médicos apócrifos por parte de efectivos de la Policía de Río Negro comenzó formalmente en Viedma. La causa involucra a una profesional médica, a su marido y a más de 100 agentes policiales.
RÍO NEGRO. El proceso judicial que investiga una presunta maniobra vinculada a la utilización de certificados médicos apócrifos por parte de efectivos de la Policía de Río Negro comenzó formalmente en la ciudad de Viedma, en una causa que involucra a una profesional médica, a su marido y a más de 100 agentes policiales.
La investigación se originó a partir de una denuncia impulsada en junio de 2024 por el gobernador Alberto Weretilneck, a través de la Fiscalía de Estado, luego de que distintos mecanismos de control detectaran presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias médicas dentro de la administración pública provincial.
La primera audiencia se desarrolló en la capital rionegrina y tenía como objetivo avanzar con la formulación de cargos. Sin embargo, debido a la gran cantidad de personas involucradas y a que gran parte de ellas participó mediante videoconferencia desde diferentes localidades, el juez Adrián Dvorzak resolvió reprogramar el proceso.
La medida establece que las imputaciones se realizarán en grupos de aproximadamente 20 personas, con el propósito de garantizar que cada una de ellas pueda comprender adecuadamente los hechos que se les atribuyen y ejercer plenamente su derecho de defensa.
Según se informó, la causa investiga la presentación de presuntos certificados médicos falsificados utilizados para justificar inasistencias laborales dentro de la fuerza policial. La pesquisa también alcanza a quienes habrían intervenido en la emisión de esa documentación.
Desde el Gobierno provincial señalaron que las irregularidades fueron detectadas a partir de las políticas de control del ausentismo impulsadas por la Secretaría de la Función Pública, que permitieron identificar patrones considerados inusuales en la emisión de certificados médicos.
De acuerdo con la información oficial, las auditorías revelaron la existencia de circuitos de otorgamiento de licencias presuntamente irregulares y situaciones que despertaron sospechas entre los organismos de control. Entre los datos analizados surgieron casos en los que un mismo profesional habría emitido certificados que acumularon alrededor de 2.000 días de licencia.
Las investigaciones derivaron en la apertura de causas penales y sumarios administrativos, al considerar que las presuntas maniobras podrían haber generado un importante perjuicio económico para el Estado provincial.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, estuvo presente durante la audiencia y sostuvo que las medidas adoptadas buscan proteger tanto los recursos públicos como a los trabajadores que cumplen regularmente con sus funciones.
“Esta firmeza busca respaldar a los trabajadores que sí cumplen, porque ellos también se ven perjudicados cuando un compañero abusa del sistema para evitar sus responsabilidades”, expresó la funcionaria.
Lastra agregó que, de confirmarse las acusaciones, se trataría de efectivos policiales que no estuvieron desempeñando sus tareas habituales mientras percibían licencias sustentadas en documentación cuestionada.
La causa se desarrolla en el marco de una política provincial orientada a fortalecer los mecanismos de auditoría, control y transparencia en la administración pública. Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es garantizar un uso adecuado de los recursos estatales y promover una mayor responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
Con el inicio formal de las audiencias, el expediente ingresó en una nueva etapa judicial que permitirá avanzar en la determinación de responsabilidades y en el análisis de la documentación incorporada a la investigación.