El Tribunal Oral Federal de Neuquén dictó sentencia contra una joven de 26 años por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La pena se cumplirá en su domicilio para que pueda cuidar a su abuela, una adulta mayor con problemas graves de salud.
El Tribunal Oral Federal de Neuquén dictó sentencia contra una joven de 26 años residente de la localidad de Las Lajas, tras hallarla responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución, firmada por el juez Ernesto Sebastián, homologó un acuerdo de juicio abreviado que impone una pena de cuatro años de prisión, aunque bajo una modalidad especial: la mujer cumplirá la condena en su domicilio para garantizar el cuidado de su abuela, una adulta mayor con problemas graves de salud.
La investigación, que culminó con la detención de la condenada el 29 de noviembre de 2023, permitió desarticular un punto de venta de drogas que operaba en el barrio Malven Suyai. La imputada, quien se desempeñaba formalmente como vendedora de cosméticos y estudiaba para secretaria administrativa, utilizaba su vivienda particular como base operativa para el fraccionamiento y la distribución de clorhidrato de cocaína al menudeo.
El caso contra la mujer se construyó sobre una base de pruebas recolectadas por la División Antinarcóticos Zapala de la Policía de la Provincia de Neuquén. Según consta en el expediente, las tareas de inteligencia comenzaron en octubre de 2023 e incluyeron vigilancias discretas, seguimientos y registros fotográficos que confirmaron la actividad ilícita.
Los investigadores detallaron una serie de movimientos compatibles con el comercio de drogas, identificados como «pasamanos», durante más de 20 jornadas distintas entre los meses de octubre y noviembre. «El haber traficado sustancias estupefacientes al menos desde el 04/10/2023 y hasta el 29/11/23», fue la acusación central sostenida por el fiscal Juan Manuel García Barrese, quien remarcó que la modalidad de venta quedó también acreditada a través de intervenciones telefónicas.
El punto de quiebre de la causa fue el allanamiento realizado a finales de noviembre en el domicilio de la calle San Sebastián. Durante el procedimiento, los efectivos policiales encontraron la droga distribuida en distintos sectores de la vivienda. En el sector de la cocina-comedor, debajo de una alacena, se halló un frasco plástico con 27,20 gramos de cocaína. En el dormitorio, dentro de un monedero oculto en un ropero, se incautaron 151 envoltorios de nylon con puntas anudadas, que arrojaron un peso de 36,12 gramos. En total, la policía secuestró 63,51 gramos de la sustancia ilícita.
Además del estupefaciente, la Justicia procedió al decomiso de un teléfono celular y una suma de dinero en efectivo que la joven mantenía en su poder al momento del operativo.
A pesar de la gravedad del delito, el acuerdo entre la defensa, ejercida por Agustín Aguilar, y el Ministerio Público Fiscal, contempló la situación familiar particular de la condenada. La mujer es el único sostén y cuidadora de su abuela, quien padece artritis severa y requiere asistencia constante. El fiscal Barrese fundamentó el pedido de prisión domiciliaria en la necesidad de que la pena no trascienda a terceros vulnerables. «A los fines de evitar que la pena trascienda a terceros vulnerables, entiende el fiscal que corresponde hacer extensivo el Artículo 10, inciso D del Código Penal», señala el acta de la audiencia. El juez Sebastián coincidió con este criterio, señalando que la imputada asistirá a una persona protegida por las convenciones internacionales de adultos mayores.
Para la mensuración de la pena, que se fijó en el mínimo legal, se valoró positivamente que la sentenciada no contaba con antecedentes penales previos y que aceptó voluntariamente su responsabilidad en los hechos para posibilitar el juicio abreviado.
La sentencia de cuatro años de cumplimiento domiciliario no es una libertad condicional. La joven deberá cumplir reglas de conducta estrictas en su domicilio. El control de la medida estará a cargo de la Dirección de Control de Asistencia de Ejecución Penal (Decaep), que realizará verificaciones regulares para constatar su presencia en el lugar. Durante la audiencia, el magistrado le advirtió formalmente a la condenada sobre las consecuencias de cualquier inobservancia: «Ante un incumplimiento injustificado se dejará sin efecto esa modalidad y deberá cumplir prisión en una institución carcelaria». La encartada manifestó comprender y aceptar íntegramente estas condiciones, comprometiéndose a no salir de su casa sin autorización previa del tribunal.
Finalmente, el tribunal ordenó la destrucción pública del material estupefaciente incautado, siguiendo los procedimientos habituales de la Ley 23.737, mientras que el legajo fue remitido a la Secretaría de Ejecución Penal para el seguimiento definitivo de la condena.