La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados dictaminó un proyecto de ley que declara la emergencia nacional en violencia de género. La Libertad Avanza se opuso y abandonó la reunión en medio de fuertes cruces.
En la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, que preside la cordobesa Gabriela Estévez, se dictaminó un proyecto de ley que declara la emergencia pública nacional en violencia de género por un plazo de dos años. La iniciativa obtuvo el respaldo de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Innovación Federal (Misiones) y el Frente de Izquierda, aunque con disidencias. La Libertad Avanza se opuso y, tras un intercambio de declaraciones, sus diputadas abandonaron la reunión antes de que finalizara.
El proyecto busca restablecer fondos para programas desfinanciados, retomar políticas discontinuadas y garantizar una asignación económica para las víctimas. Entre las medidas prioritarias se incluyen el cumplimiento de la Ley Micaela, la implementación de patrocinio jurídico gratuito, la ejecución del Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral, la creación de un sistema unificado de alerta temprana y localización, y la coordinación entre la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, la línea 144 y los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) con las áreas locales.
También se prevén convenios para soluciones de vivienda temporaria, beneficios fiscales para empresas que contraten a víctimas, becas educativas, campañas de difusión y guías de actuación. Se crea un Programa Federal para la Atención de la Emergencia Nacional, con recursos extraordinarios del Tesoro Nacional para provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y una Asignación Económica Especial para víctimas en situación de vulnerabilidad, con un piso equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La diputada Nancy Sand (Unión por la Patria) afirmó que “el Gobierno nacional, deliberadamente o por omisión, ha abandonado completamente la protección de mujeres y diversidades en relación a la violencia de género, a través del desmantelamiento y desfinanciamiento de políticas, y del negacionismo”. Sand aportó cifras: en 2024 fueron asesinadas 247 mujeres por razones de género, una cada 39 horas; en 2025 los femicidios fueron 200 según la Corte Suprema de Justicia y 271 de acuerdo con la Defensoría del Pueblo; en los primeros cinco meses de 2026 se registraron entre 95 y 105 víctimas fatales, un femicidio cada 30/35 horas.
La diputada libertaria Lorena Petrovich sostuvo que “en 2025 los femicidios bajaron un 12,3%” y que “el único gobierno que bajó los femicidios fue el de Javier Milei”. Petrovich consideró que “no necesitamos más organismos, más programas, más plata o más cajas para el kirchnerismo”. Gabriela Flores (La Libertad Avanza) declaró que el proyecto “tiene un objetivo oportunista de generar una imagen de un liberalismo insensible”.
Gabriela Estévez señaló que “el femicidio de Agostina podría haberse evitado si el Poder Judicial tenía perspectiva de género y no dejaba libre a alguien que ya había privado ilegítimamente de su libertad a una mujer”. Myriam Bregman (Frente de Izquierda) indicó que “tal vez se podría haber evitado el crimen de Agostina” si el caso se hubiera investigado como trata de personas.
El oficialismo puede bloquear el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que se requieren mayorías agravadas para que el texto sea votado en el recinto.