La sentencia quedó firme, con lo cual el gobierno provincial puede disponer del dinero embargado de sus cuentas personales.
El fallo que condenó a Pablo Ruiz, excoordinador de Casa de las Leyes, por administración fraudulenta y peculado, incluyó el decomiso del dinero que tenía en sus cuentas personales. El juez de Garantías, Lucas Yancarelli, autorizó a que esos fondos sean utilizados por el gobierno provincial.
Ahora la fiscalía de Estado deberá indicarle al ministerio público fiscal dónde girar la plata.
El 7 de marzo de 2025 el hermano de la exvicegobernadora fue acusado y se le embargó el dinero. Según informó el fiscal Juan Narvaez ese monto se depositó en una cuenta judicial. Con los intereses que generó, la suma asciende actualmente a $57.736.346,85.
Ruiz admitió haber cometido ambos delitos la semana pasada y renunció a los plazos de impugnación, por lo que la sentencia quedó firme de inmediato.
Para que el gobierno pueda disponer de ese dinero, la fiscalía de Estado, que intervino en la causa como querellante, deberá presentar una nota ante el ministerio que conduce José Gerez en la que especifique el número de cuenta para hacer la transferencia y el organismo que lo recibirá.
En cuanto al destino del dinero, el gobernador Rolando Figueroa afirmó que irá «a algún sector de la ciudadanía qué esté más necesitado, seguramente lo vamos a focalizar ahí. Es lo que corresponde». El mandatario destacó «el trabajo que ha hecho la justicia».
Ruiz reconoció haber desviado $52.798.459,10 de programas sociales, como «Jóvenes Líderes» y «Murales Urbanos», que le enviaba la Legislatura hacia su cuenta bancaria. Con ese dinero constituyó plazos fijos para generar intereses a su favor.
Primero dirigió la plata hacia su caja de ahorro personal donde percibía el sueldo como funcionario público. Cuando el BPN le llamó la atención, por que una cuenta particular no podía recibir fondos públicos, cambió la modalidad: la Legislatura comenzó a emitir cheques que personal autorizado cobraba por ventanilla y le entregaba el efectivo al imputado, quien firmaba una planilla de recibido.
También aceptó su participación en la defraudación de $45.482.688,05 mediante contrataciones irregulares de publicidad con la empresa SAUER. Ese legajo continúa bajo investigación, ya que la fiscalía entiende que allí tienen responsabilidad penal la exsecretaria de Cámara, Isabel Ricchini, y la exprosecretaria Eliana Sánchez.