La sentencia en Nueva York por la expropiación indebida de YPF significó un duro revés para la Argentina. Suponiendo que el país termine pagando los US$ 16.000 millones al Burford Capital que ordenó la jueza Loretta Prezka, ese monto no solo representa el triple de lo que el gobierno tenía previsto. Además, será el monto más caro que se le haya impuesto a un Estado en la historia de EE.UU.
«Los fallos y acuerdos anteriores en las cortes norteamericanas, incluyeron a las tabacaleras, daños ambientales por el Exxon Valdez, etc. Este fallo, asumiendo los US$ 16.000 millones, es el más abultado contra un Estado, considerando que los anteriores fueron contra empresas o individuos, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors.
Si bien Sergio Massa criticó el fallo del viernes pasado, el ministro de Economía y candidato presidencial decidió concentrarse en el proyecto para reducir el impuesto a las Ganancias que presentará mañana. «Lo lleva Procuración, apelan», señalaron en la cartera en referencia al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien participó de las audiencias en Manhattan representado por el estudio Sullivan & Cromwell.
El monto exacto del juicio podría conocerse el próximo 22 de octubre, en medio de las elecciones presidenciales. Es que el fallo todavía no está firme: dado que por la particular norma de EE.UU. las partes deben redactar esa sentencia lo antes posible para que lo firme la jueza Prezka el mes próximo. Recién entonces, Argentina podrá apelar (Burford también) y también pedir la suspensión del caso hasta el 10 de diciembre.
El Gobierno salió a cuestionar la decisión del tribunal de EE.UU por entender que no corresponde indemnizar a alguien que «no sufrió un daño» y advirtió que el fallo no es definitivo, ya que hay dos instancias, una ante la Cámara de apelaciones y otra ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Fuentes cercanas al gobierno creen que hay «zonas grises», pero reconocen que se le dejó un «resquicio» a los litigantes.
Por lo pronto, el caso de YPF se ganó el sexto puesto entre los juicios más costosos en EE.UU, incluyendo las demandas contra empresas e individuos. Al tope de ese ranking, se encuentra el acuerdo por US$ 206.000 millones en el litigio contra la industria del tabaco en 1998, cuando 10.000 demandantes acusaron a las compañías de engañarlos sobre los riesgos de fumar.
En segundo lugar, le sigue la compensación de US$ 150.000 millones en 2011 a la familia de Robbie Middleton, un niño que fue violado y quemado vivo cuando tenía 8 años en Texas. El tercero es un juicio contra cinco tabacaleras, entre ellas la fabricante de Marlboro Philipp Morris, en 2000 por US$ 145.000 millones. Y el cuarto es otro caso contra la misma tabacalera, por US$ 29.000 millones en 2002.
El quinto puesto es la condena por US$ 20.000 millones a la petrolera BP por el accidente en la plataforma Deepwater Horizon en el golfo de México, que en 2010 provocó el mayor derrame de petróleo en la historia de EE.UU. El séptimo es el juicio en 2015 por US$15.000 millones por las emisiones contaminantes de vehículos de Volkswagen, seguido por los fraudes contables en Enron y Worldcom.
En caso de YPF, la justicia estadounidense ya había determinado que la Argentina debía pagar a los accionistas minoritarios por no haber hecho una oferta pública de acciones cuando estatizó el 51% de la petrolera por decisión de Cristina Kirchner en 2012. La novedad del fallo del viernes pasado es que Burford deberá ser resarcido con $8.400 millones por daños y US$ 7.600 millones de intereses.
El fondo con sede en Londres -junto con Eton- posee los derechos para litigar en nombre de los accionistas que tuvieron la propiedad de un 29% de YPF. Prezka consideró que la expropiación de Repsol implicó un control indirecto sobre los propietarios minoritarios, pero además estimó el inicio de la nacionalización el 16 de abril de 2012 y una tasa de interés del 8%, lo que agravó los costos de la sentencia.
Con esos fundamentos, que fueron los que planteó Burford, se definió el monto extraordinario del daño y no los US$ 5.000 millones que estimaba el gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner ya había pagado US$ 5.000 millones a Repsol en 2014. Y ahora, además de la sentencia, hay que sumar un 9% anual de intereses – US$ 1.500 millones por año- hasta que se negocie un acuerdo.