Las universidades nacionales no tienen hoy los recursos para pagar más que dos meses y medio más de salarios docentes y por la falta de fondos en este y otros rubros no podrían abrir sus puertas en el segundo semestre del año.
Así lo advierte un análisis del presupuesto para la Educación Superior, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas, por los economistas Javier Curcio, Director del Departamento de Economía, y Julián Leone, subsecretario del Area de Investigación de esa facultad, entre otros especialistas.
La situación en que está la UBA y el resto de las 58 universidades nacionales se explica en que para este 2024 no se discutió la ley de Presupuesto. El sistema de la Educación superior se financia en un 90 por ciento promedio con recursos del presupuesto aprobado anualmente por el Parlamento. Al haberse prorrogado el ejercicio 2023 las universidades cuentan nominalmente con el mismo nivel de crédito que el año pasado, pero sus necesidades son muy distintas ya que hay un 276% de inflación, que comió esos recursos.
La situación viene siendo advertida desde el año pasado por los rectores de las universidades. Días atrás, el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti mantuvo una reunión reservada con el asesor presidencial, Santiago Caputo. Le planteó que una cosa es el ajuste pero que la situación presupuestaria actual llevaría directamente al cierre de las universidades. No se fue con muchas respuestas.
El presupuesto total para Educación Superior este año arrancó en 1.385.289 millones de pesos (lo mismo que en 2023).
En el caso de la UBA los recursos destinados al pago de salarios docentes e investigadores durante el primer bimestre del año equivalen a casi la mitad de los recursos disponibles para todo el año.
“Se transfirió y pagó el 42% del inciso 1 (correspondiente al gasto salarial) presupuestado para el año en el programa de Desarrollo de la Educación Superior que solventa los salarios de los docentes e investigadores. O sea que en sólo dos meses devengaste casi la mitad del presupuesto salarial”, indica Julián Leone.
La situación es similar en el resto de las universidades nacionales, advierten. Entre enero y febrero, se usó casi la mitad de los recursos correspondientes a salarios, aún con paritarias muy por debajo de la línea de inflación.
Los hospitales universitarios de la UBA que prestan servicios a una importante población del área metropolitana (el Hospital de Clínicas, el Roffo y el Alfredo Lanari) son los que se llevan la peor parte. Durante enero y febrero de 2024 recibieron la misma asistencia financiera nominal que en los dos primeros meses del año anterior, redundando en una caída del 60% real en lo que va del 2024.
“Este es el cuarto ejercicio de prórroga desde 1992: las hubo en 2010, 2020, 2022. Siempre que hay prorroga del Presupuesto se arranca con el mismo crédito inicial pero el Ejecutivo adecua las partidas a las necesidades, eso es lo que no se está haciendo”, señala Javier Curcio. “Este nivel de ajuste a esta velocidad no tiene antecedentes. Estamos a favor de considerar los desequilibrios fiscales e implementar las adecuaciones necesarias, pero ese ajuste tiene que tener racionalidad. Si esto sigue así las universidades no podrán desarrollar sus funciones en la segunda mitad del año”, completó.
El jueves pasado hubo un paro de todos los gremios docentes y no docentes, en todas las universidades nacionales. Unas horas antes del inicio, el Gobierno anunció un refuerzo presupuestario del 70%, para gastos de funcionamiento (los pagos de servicios, como la luz y el gas).
Según datos que la Secretaría de Educación precisó a Clarín, de 5.926 millones de pesos mensuales a partir de marzo se incrementan en 4.148 millones. Llegando a más de 10.000 millones por mes. “Es un aumento del 70%”, aseguraron. Los economistas señalan sin embargo que los gastos de funcionamiento representan solo el 5% del total del financiamiento.
“Con la partida inicial de prórroga se cubrían 4 meses de funcionamiento en el mejor de los casos, el aumento del 70% permitirá funcionar 2 meses más, digamos para completar el primer semestre. Luego tendrán que disponer nuevas ampliaciones”, indicaron y agregaron: “Es imperante exigir un tratamiento parlamentario del presupuesto 2024 que permita dar previsibilidad y administrar el ajuste necesario con racionalidad”.