Desde Rosario
«La Ale sigue abriendo puertas en todos lados, desde la dimensión en la que esté». Las palabras emocionadas de Beatriz Gutiérrez, militante feminista de Santa Fe, saludaron la decisión del tribunal de condenar a prisión perpetua por transfemicidio a Héctor Barrero, quien el 21 de agosto de 2022 mató a puñaladas a Alejandra Ironici, activista santafesina pionera en las luchas LGTB. Por unanimidad, el tribunal integrado por Pablo Busaniche, Susana Luna y Sebastián Szeifert impusieron la pena máxima tras un juicio oral que comenzó con la confesión del acusado, quien negó haber cometido abuso sexual. «Es la primera condena por transfemicidio en Argentina», aseguró Daiana Araya, integrante de una de las querellas.
El transfemicidio de Alejandra fue un golpe para todo el colectivo travesti trans de la Argentina, ya que se trataba de una activista pionera. Fue la primera en recibir su DNI con el cambio registral, en 2012, dos meses antes de que se sancionara la Ley de Identidad de Género. Y lo hizo en un acto que presidió el entonces gobernador Antonio Bonfatti. “Empieza mi nueva vida. Voy a salir con la frente en alto, orgullosa de lo que soy. Sin tener que esconderme, porque no cometí ningún delito. Lo único que hice fue elegir una vida diferente. Eso implicó que se me negaran un montón de derechos”, dijo aquel día. Unos meses después, en octubre de 2012 fue la primera trans que asumió –por concurso– en el Perinatológico del Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Trabajaba en Asistencia Social del Hospital Iturraspe y era Promotora de Salud en el Hospital Sayago de la ciudad de Santa Fe.
El transfemicidio fue cometido el domingo 21 de agosto de 2022, en la casa donde convivían con Barrero, que la atacó por atrás y le asestó 46 puñaladas en distintas partes del cuerpo. Después, le prendió fuego en la zona de los glúteos y se escapó con un celular, una computadora y el auto de la víctima. Fue detenido un día después, en la casa que se descubrió porque el auto estaba estacionado enfrente.
«Este tribunal por unanimidad resuelve condenar a Héctor Daniel Barrero como autor penalmente responsable del delito de transfemicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género», leyó Busaniche, y siguió puntualizando los delitos: «En concurso real con abuso sexual con acceso carnal».
El pedido de reclusión perpetua fue realizado por la fiscal Alejandra del Río Ayala y también por las querellas. Laura Gerard y Vivian Galeano representaron a la hermana de Ironici y las abogadas Sofía Basso, Vanesa Vargas, Araya y Marcela Mansini querellaron por la Colectiva de Abogades Lesbotransfeministas y por el Instituto de Políticas Públicas LGTB. En los dos casos, pidieron que la pena sea declare que fue en contexto de transvesticidio social, ya que en 2023 ocurrieron en toda la provincia un total de diez crímenes de odio que tuvieron como víctimas a personas trans.
«Para nosotras esta sentencia no es importante solamente como litigantes, sino como militantes por los derechos humanos y de los derechos de las personas del colectivo LGBT. Todas nuestras compañeras trans que nos están acompañados sienten que esto es un poquito de justicia ante tanto dolor y ante tanto caos y eso para nosotras es lo mejor que podíamos pedir, que por lo menos sientan un poco de justicia», expresó Araya.
Es que el tribunal resolvió que se tengan presentes y se den conocimiento a las autoridades provinciales las medidas pedidas por la querella que impulsaron la Colectiva de Abogades Lesbotransfeministas y por el Instituto de Políticas Públicas LGTB.
«Fue condenado por transfemicidio, el tribunal utilizó esa palabra, que para nosotras es la palabra correcta porque este caso necesitaba dar un mensaje político», siguió Araya. El primer antecedente similar en el país fue en junio de 2018, cuando un Tribunal Oral en lo Criminal de la ciudad de Buenos Aires condenó a Gabriel Marino por el travesticidio de Diana Sacayán. En segunda instancia, la Cámara de Casación confirmó la perpetua pero cambió la calificación. El fiscal Ariel Yapur y la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), presentaron un recurso extraordinario contra el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además de la calificación de transfemicidio, la resolución del Tribunal santafesino tiene otra novedad. «Se instó al Estado provincial a tomar medidas de reparación y de no repetición, para que no se vuelvan a cometer estos delitos», expresó Araya. Las medidas que había pedido la querella es que «se declare la emergencia por los delitos de odio contra el colectivo travesti trans», también que se haga «un diagnóstico del estado de situación del colectivo travesti trans en toda la provincia y que con eso se planteen ciertas políticas públicas para mejorarle la vida a esta comunidad».
Araya consideró que la sentencia es un triunfo legal, porque permite que el Estado asuma una responsabilidad en la situación del colectivo. «Si hubiese salido sólo la condena del imputado, hubiera quedado algo pendiente, porque el Estado iba a seguir sin reconocer su negligencia en estos casos y el abandono del colectivo travesti trans. Por eso, para nosotras fue tan importante llevar la voz de la militancia transfeminista al tribunal, que escuche que lo que le pasó a Ale no fue una excepción a la regla, que las personas del colectivo tienen una expectativa de vida en nuestro país de 35 a 40 años y por eso es tan importante ese reconocimiento».