En la tarde del 30 de marzo de 2006, en la calle Luis Viale al 1269, el cable de un televisor hizo cortocircuito. Así se inició el fuego en el primer piso de un edificio que funcionaba como un taller clandestino de costura. Hacinados, con un baño y sin lugar para comer, vivían allí 65 personas de nacionalidad boliviana, entre ellos 25 niños. En la planta baja, cosían 16 horas por día. El incendio duró una hora. Las víctimas fatales fueron una trabajadora textil, embarazada; dos adolescentes, uno de ellos que también realizaba tareas, y tres niños.
A 18 años de la Masacre de Luis Viale, solo dos capataces fueron condenados, mientras que los empresarios responsables, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, fueron sobreseídos en 2019. La Comisión de sobrevivientes exige que el lugar sea expropiado y transformado en el Sitio de Memoria contra la Trata de Personas con fines de Explotación Laboral Calle Luis Viale. El proyecto de ley fue presentado el año pasado en la Cámara de Diputados, pero no tuvo tratamiento.
Mañana, desde las 15, la Comisión Luis Viale realizará un nuevo acto homenaje. En ese marco, según indica la gacetilla publicada por el medio autogestivo TeleSisa, pintarán un mural sobre el edificio que en la actualidad permanece tapiado y en manos de los mismos dueños que lo mantuvieron como taller clandestino, denuncian los sobrevivientes.
«Aunque no nos dejen cortar la calle, lo haremos sobre la vereda. No vamos a dejar que estas muertes queden en el olvido», convoca Lourdes Hidalgo, sobreviviente del taller de la calle Luis Viale, en diálogo con PáginaI12, y marca la particularidad de este aniversario bajo el gobierno de Javier Milei. «Debemos luchar por nuestro derechos laborales y evitar la explotación laboral, a pesar de este gobierno que está en contra de los migrantes y nos acusa de venir a robar el trabajo de los argentinos».
«Todos sabían lo que pasaba en Luis Viale»
«A los patrones no les interesaba lo que estaba pasando ahí dentro. Para ellos era explotarnos, que haya producción y no velar por las condiciones en las que vivíamos. Todos sabían lo que estaba pasando y el incendio no hubiese ocurrido si se hubiese prevenido», lamenta Hidalgo.
Ella había llegado de Bolivia en 2005 y comenzó a trabajar tres meses antes del incendio en el taller del barrio de Caballito. Alquilaba un departamento a pocas cuadras pero en enero, cuando quiso cobrar le dijeron que se pagaba cada tres meses. «A mí no me gustó el lugar y me quise ir, pero me dijeron que pagaban cada tres meses y que si no podía pagar mi alquiler, tenía un cuarto arriba en el entrepiso», recuerda. Le dieron un rollo de tela para que dividiera su pieza de las otras, divididas con plásticos o maderas. «No tenía dónde irme», lamenta.
Hidalgo recuerda que era cuestión de ingresar al lugar para observar las condiciones. Cables expuestos, una única cocina entre las máquinas, un solo baño con ducha –por la que esperaban en fila hasta la madrugada para bañarse– y lavadero. Un solo patio para encontar algo de aire y sol, pero también cubierto de máquinas de coser. «El lugar era tan cerrado que, cuando abrían la puerta principal, el polvillo de la tela de jean que cocíamos salía como humo. Estábamos siempre manchados de azul, hasta que podíamos bañarnos a la madrugada», retrata.
El resto de las familias que compartían espacio con ella habían llegado al taller desde Cantón Cohana, un pueblito pobre de Bolivia, a 100 kilómetros de La Paz. Luis Sillerico Condorí, boliviano y capataz del taller, era el contacto que los traía desde el país vecino. Y el mismo que siempre presionaba a Lourdes para que se vaya, sin pago ni lugar donde dormir, ante cualquier reclamo que hacía. «Trajeron gente que no sabía ni hablar español, hablaba el aymará», recordó Hidalgo.
Las familias trabajan con objetivos por semana, de hasta 400 prendas confeccionadas, con la promesa de pago al finalizar cada uno de esos encargos. El acuerdo inicial era un pago de entre 70 centavos y un 1,20 pesos por cada prenda confeccionada. Pero las condiciones cambiaron por 100 pesos por semana para quienes tenían familia y 50 pesos para los solteros. «Se aprovechaban de la necesidad que teníamos de trabajar», sentencia.
El día del incendio, Lourdes recuerda que subió y bajó varias veces a la espera de que se liberara una máquina de doble aguja, para coser los cierres de los pantalones que ya tenía listos. Era jueves, hacía calor, y el techo de chapa no permitía estar en el entrepiso. Una compañera que tenía su pieza en el primer piso le dijo que descansara un rato ahí. Veía una novela cuando percibió el humo.
Llamó a la niños que jugaban en el pasillo, pero ninguno la respondió. Cuando se levantó, vio a un nene rodeado por colchones en llamas. Lo agarró y bajó la escalera. «Me acordaba que había un matafuego, yo había estudiado primeros auxilios en Bolivia. Pero no funcionaba. En segundos el humo estaba por todos lados y habían bajado la llave de la luz, no se veía nada; salí afuera a buscar agua. No imaginé que iba a terminar así», relata.
Juana Villca, de 25 años, y Wilfredo Quispe Mendoza, de 15 años, murieron esa tarde. Lourdes recuerda a Wilfredo como uno de los trabajadores, porque estaba en las máquinas. También recuerda que Juana ya tenía sus pasajes para volver a Bolivia, donde vivía su hija de 6 años. Las otras víctimas fatales fueron los niños Elías Carbajal Quispe (10), Rodrigo Quispe Carbajal (4), Luis Quispe (4) y Harry Rodríguez Sarmiento (3).
Condenados y cómplices
Luis Fernando Rodríguez Palma y su esposa, Sara Gómez, eran los padres de Harry, el más pequeños de los fallecidos. A su otro hijo, Kevin, fue a quien Lourdes alcanzó a salvar de entre las llamas. Ellos fueron de las primeras familias en llegar al taller, tras contactarse con Condorí, según relataron a PáginaI12 en 2016, cuando inició el juicio oral contra los capataces Juan Manuel Correa, argentino, y Luis Sillerico Condorí.
El juicio llevado adelante por el Tribunal Oral 5, integrado por Adrián Pérez Lance, Rafael Alejandro Oliden y Fátima Ruiz López, terminó con la condena a los capataces, imputados por el delito de incendio culposo seguido de muerte, con una pena de 13 años de prisión a cada uno. Sin embargo, la Comisión Luis Viale denuncia que Condorí logró la libertad el año pasado, por razones de salud. «Me lo encontré comprando telas en Once», denuncia Hidalgo.
Además de esas condenas, los sobrevivientes y familias de las víctimas reclamaron en aquel juicio la ampliación de la investigación para llegar a los dueños Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler; y también a los responsables del Gobierno de la Ciudad.
El taller tenía una habilitación del año 2001, pero las familias siempre denunciaron las complicidades ocurridas en los años siguientes. Rodríguez Palma relataba lo que ocurrían con los inspecciones al lugar: «Llegaban los inspectores (del Gobierno de la Ciudad), veíamos cómo recibían su paga o se llevaban ropa y se iban lo más contentos, sin tomar ninguna medida. Todos se hacían los ciegos”.
Lourdes también recuerda que en los pocos meses que vivió en el lugar vio inspecciones de hasta 8 personas del gobierno de la Ciudad, que no redundaron en clausuras. También recuerda las visitas de personal de la Policía. «Los policías entraron varias veces al taller y pedían sínicamente los talles de pantalosne que usaban. Cuarenta y dos, 46 y 48, pedía y hacía que los mismos trabajadores los cargaran en el baúl del patrullero», cuenta Hidalgo.
Fischberg y Geiler aún tienen una fábrica textil ubicada en Galicia 1241, a 150 metros del taller incendiado. En el taller enviaban a producir una serie de marcas de indumentaria masculina, jeanes en particular, que se comercializaban en la calle Avellaneda, en el barrio de Flores, y en el Once. Ellos eran los que proveían la materia prima para que las familias hacinadas cocieran día y noche.
En la condena de 2016, el Tribunal Oral 5 ordenó que sean investigados por las condiciones de servidumbre en las que se confeccionaban sus prendas. En mayo de 2019, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 27, dictó el sobreseimiento de los empresarios por extinción de la acción penal y por considerar que no se pudo probar que conocieran la situación de reducción a la servidumbre en el taller textil.
Sitio de Memoria contra la explotación laboral
Además de las condenas, los sobrevivientes de Luis Viale reclaman desde hace años que el edificio sea expropiado por el Estado para construir allí el Sitio de Memoria contra la Trata de Personas con fines de Explotación Laboral Calle Luis Viale. El primer proyecto lo presentaron a la Legislatura porteña, pero no consiguieron la aprobación.
El año pasado, cinco legisladores del bloque de Unión por la Patria presentaron el proyecto en la Cámara de Diputados para declarar el edificio de la calle Luis Viale de utilidad pública, preservarlo como en su valor testimonial e histórico y designaro como espacio de memoria. Una iniciativa a contramano de la gestión del presidente Javier Milei marcada por el ajuste de las cuentas públicas y hasta el despido del personal que, en estos años, trabajó en los sitios de memoria que recuerdan lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar.
«El interés de preservar el sitio tiene connotaciones afectivas y racionales. Las primeras relacionadas con el respeto a las víctimas, las segundas relacionadas a la toma de conciencia de la cadena de responsabilidades que permitan a los habitantes de la ciudad conocer sobre las distintas formas de explotación«, sostiene el proyecto presentado por Mónica Macha y Paula Penacca, únicas dos legisladores autoras de la iniciativa que continúan en funciones.
«Vamos a seguir insistiendo. No perdemos las esperanzas, buscamos mantener viva la memoria de los que perdieorn la vida», sostiene Hidalgo y llama la atención a la sociedad por la continuidad de estos mecanismos de explotación laboral: «La gente olvida quién cose la ropa, esta modalidad de trabajo nunca paró».