En medio de la presión opositora para avanzar con una ley superadora al DNU que fijó una nueva fórmula jubilatoria, el Gobierno nacional defendió en la Cámara de Diputados los aumentos establecidos en el decreto y dejó entrever que no impulsará más recomposiciones por la pérdida de los haberes frente a la inflación.
Así lo insinuaron, durante una reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, el director ejecutivo de la Anses, Mariano De Los Heros, y el exfuncionario macrista Alejandro Chiti, quien fue enviado por el Poder Ejecutivo en calidad de “asesor” y “vocero” ya que no tiene designación formal, lo que desató una fuerte discusión con diputados kirchneristas.
Tras el encuentro, del que también participaron casi 30 especialistas, la comisión volvería a reunirse la semana que viene. Unión por la Patria quiere apurar un dictamen para el próximo martes y amenaza con emplazar en el recinto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ante la negativa del oficialista José Luis Espert a plegarse al debate. “Este tema no da para más. Es urgente que llegue al recinto”, planteó el jefe del bloque, Germán Martínez.
Según el DNU 274/24, en abril los jubilados cobran un aumento de 13,2% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, más un 12,5% como compensación parcial por la inflación de enero, que fue del 20,6%. En mayo los jubilados percibirán un incremento equivalente a la inflación de marzo, y en junio a la de abril, más un adicional si es necesario. Y a partir de julio, regirá plenamente el ajuste por IPC.
De Los Heros explicó que “la movilidad tal cual estaba vigente, para el mes de junio estaría arrojando un estimado del 34,1% de ajuste”, mientras que “con los adelantos que se van a dar durante el período abril-mayo-junio para la movilidad que va a entrar en vigor en julio, se estará otorgando a los jubilados un 63,1%”.
Según el funcionario, el costo fiscal de la medida asciende a casi “1 billón 900 mil pesos” durante estos tres meses. Ese sería el esfuerzo fiscal que el Gobierno está dispuesto a conceder, a pesar de la inquietud manifestada por distintos diputados. Incluso María Eugenia Vidal (PRO), que preguntó si habrá recomposiciones futuras por la inflación de enero.
Al responder, Chiti enfatizó que “la movilidad es para mantener, no para recomponer”, y amplió: “Incluimos una recomposición porque es sobre un período de movilidad que estamos pagando ahora. El 12,5% imputado a enero, con la movilidad que se tendría que pagar en junio es la que abarca el primer trimestre del año, es decir, estaba enero ahí. Con la fórmula anterior iba a dar desastroso; con esta fórmula más el 12,5% se da un aumento por movilidad que es razonable”.
“De hecho -completó-, la inflación de enero a junio, según las estimaciones del Banco Central, va a ser 108%, y los aumentos por movilidad que va a haber dado el Gobierno en marzo, abril, mayo y junio van a dar 107%, con lo cual se mantiene el poder adquisitivo”.
Por su parte, la cordobesa Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal) cuestionó que se haya realizado el empalme con la inflación de febrero (“t-2”) en lugar de la de enero (“t-3”), y avisó que “eso va a generar un aluvión de demandas”. De Los Heros respondió que “la idea del Gobierno fue cubrir lo más cercano la situación inflacionaria”, y añadió: “Si pudiéramos tener ‘t-1’ sería ideal, pero no llegamos con los tiempos”.
Cajas previsionales y otros temas
Ante otra pregunta de la diputada Torres sobre el DNU que cortó los giros a las cajas previsionales no transferidas de 13 provincias (entre ellas Córdoba), De Los Heros admitió que no sabe cuándo terminará la auditoría de la Anses donde se buscan precisar los montos. “Estamos abocados, el Gobierno ha dado instrucciones de hacer esfuerzos para llegar a determinaciones efectivas del déficit”, afirmó.
Según el funcionario, “lo que establece la ley es que el Estado nacional debe cubrir el déficit que tendría la caja (es una hipótesis) en caso de que la caja efectuara sus jubilaciones de acuerdo con el régimen nacional. Situación que no todas las cajas provinciales cumplen”. Así, advirtió que hubo “una provincia que reclamaba déficit pero tenía superávit”. No reveló cuál, pero sería Buenos Aires.
Por otra parte, el titular de la Anses coincidió con la diputada cordobesa en que el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) debería utilizarse para pagar sentencias a jubilados. “Estoy de acuerdo en que el FGS tiene que tener otra configuración, deberían ponerse de acuerdo en que tiene que estar destinado a los jubilados”, dijo, tras cuestionar el uso para otorgamiento de créditos.
En otro momento de la reunión, ante una pregunta de Vidal, se mostró de acuerdo en acelerar la discusión sobre las jubilaciones de privilegio, luego de que la Anses aprobara el pago de 7 millones de pesos mensuales para Alberto Fernández. De Los Heros explicó que la jubilación del expresidente fue concedida en tiempo y forma, pero reconoció, “en lo personal y sin comprometer al Gobierno”, que “no está de acuerdo” en “la conveniencia de mantener un régimen de ese tipo”.
De Los Heros también tuvo que responder por los despidos en oficinas de Anses: “No se ha afectado de ninguna manera la prestación de los servicios que brinda la Anses con los despidos que se han realizado, que además tienen relación con ingresos recientes. La Anses sigue funcionando como funcionaba cuando esos agentes no estaban”.
Tensión
La reunión atravesó un momento tenso cuando Chiti admitió, tras una pregunta de la diputada Victoria Tolosa Paz, que no tiene designación en el Ejecutivo. “¡Es un papelón y una falta de respeto!”, bramó la legisladora en medio de un griterío, y advirtió sobre un paralelismo con Federico Sturzenegger: “No se animan a asumir los cargos, son funcionarios en las sombras”.
Fuera del Congreso, dos diputados de Unión por la Patria, Juan Marino y Lorena Pokoik, fueron reprimidos con gases por efectivos de la Policía de la Ciudad en el marco de una manifestación de jubilados. “Nos agredieron de forma directa a dos diputados de esta casa”, denunció Marino, quien relató en la comisión lo sucedido y reclamó un repudio general.
Corresponsalía Buenos Aires