En la cuenta regresiva, el Ministerio de Justicia busca cumplir con la implementación del sistema acusatorio en Rosario. Mientras la Corte Suprema anuncia “una intensa actividad para la adecuación de infraestructura, tecnología, personal y equipos de trabajo”, desde la Procuración General de la Nación -de la que dependen los fiscales- tienen reparos sobre la puesta en marcha “de forma apresurada y sin todos los recursos necesarios, poniendo en riesgo un buen sistema”.
El sistema acusatorio deja atrás el adversarial que rige en la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país. Pone a los fiscales al frente de las investigaciones, en lugar de los jueces como es hasta ahora. La oralidad de los procesos es mayor, y por eso también la celeridad de los expedientes.
Si bien el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona había anunciado la puesta en marcha del sistema acusatorio en Rosario para el 14 de marzo, retrocedió ante el planteo del Ministerio Público Fiscal sobre la falta de infraestructura, recursos humanos y la inversión en otros aspectos relevantes, como la conectividad.
¿Qué aportaron hasta el momento en materia de recursos? fue la primera pregunta que formuló Clarín al Ministerio de Justicia a menos de ocho días hábiles para poner en funcionamiento este nuevo sistema, que rige en Salta y Jujuy desde 2019.
“El Ministerio está financiando distintas actividades de capacitación. En primer lugar, facilitamos pasajes a la jurisdicción federal de Salta para que los operadores judiciales de Rosario puedan presenciar de manera directa la aplicación del Sistema Acusatorio. Asimismo, proporcionamos pasajes para docentes que viajan a impartir capacitación a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario”, informaron a Clarín.
Como ya había contado Clarín, el 14 de marzo la Procuración General de la Nación observó con preocupación el anuncio del Gobierno nacional sobre la implementación de un sistema “que modifica la actual forma de llevar adelante los procesos y que requiere de mayor instalaciones para las permanentes audiencias, como los recursos humanos necesarios para esa tarea”, señalaron fuentes judiciales.
Mas voluntad que recursos
Esa primera mirada no varió demasiado un mes y medio después. El 6 de mayo el Poder Ejecutivo busca anunciar la puesta en marcha en Rosario del acusatorio, pero un fiscal de larga trayectoria y con vínculos con el Ministerio Público Fiscal de la localidad santafesina indicó: “Arranca sin recursos y con mucha voluntad más de los fiscales”.
Entre las inversiones informadas por el Ministerio de Justicia, se señaló que proporcionará al Ministerio Público Fiscal “computadoras de alto rendimiento y otras herramientas informáticas para avanzar en investigaciones complejas contra la criminalidad organizada”.
Al respecto, la Procuración General de la Nación informó en su momento una serie de especificaciones técnicas y de estructura tecnológica consideradas necesarias para este propósito. “Se está proporcionando un tercio de lo requerido para garantizar el debido funcionamiento del sistema acusatorio”, señaló una fuente del organismo que nuclea a todos los fiscales. Desde el Ministerio de Justicia, indicaron “estamos gestionando la adquisición de una primera tanda de computadoras potenciadas que se entregarán en los próximos diez días”.
La Corte y una «intensa actividad» en tecnología y personal
Este martes la Corte Suprema divulgó un comunicado donde refiere a una “intensa actividad para la adecuación de infraestructura, tecnología, personal y equipos de trabajo”.
El Consejo de la Magistratura, dijo el Máximo Tribunal, se encuentra trabajando en las sedes de los Tribunales Federales en las ciudades de Santa Fe, San Nicolás de los Arroyos, Rosario, Rafaela y Venado Tuerto “en la reubicación de puestos de trabajo; colocación de señalética nueva; control de detectores de incendio; colocación y distribución de mobiliario nuevo; reparaciones en instalaciones eléctricas; colocación de sistemas de climatización, demolición y elevación de tabiquería en seco y colocación de pisos”.
Al analizar los anuncios, desde la Procuración General consideran que no se puede contemplar como “inversión” el “pago de pasajes”, pero esencialmente se concentran en la infraestructura: “hay cinco sedes para toda la jurisdicción, aún no hay una correcta adaptación tecnológica para los juicios que garantiza la grabación del proceso, el resguardo, la conectividad, backup de las audiencias. Pero además, ni siquiera hay suficiente lugar para guardar detenidos, o los efectos secuestrados”.
La crítica manifiesta en un sector de la Procuración añade que todo lo anunciado “es algo que está aún en proceso y empezar en este estado de cosas es un comienzo apresurado”. Algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal no descartan que el apuro de la puesta en marcha “sea para que el Ministerio de Justicia pueda mostrar algo de gestión”.
El temor por parte de algunos funcionarios de la Procuración General que dirige Eduardo Casal es algo que definieron como “el efecto contagioso de que el sistema no funciona”. Cuando el sistema acusatorio se puso en marcha en Jujuy y Salta “llevó muchos años de trabajo y adaptación de las instalaciones como la capacitación y dotación de recursos, ese proceso que demandó tiempo y una profunda consciencia de lo que se estaba impulsando, garantizó su correcto funcionamiento y por eso se miran las jurisdicciones como modelo”.
Ahora, continuó explicando la misma fuente del Ministerio Público Fiscal, “faltan ocho días hábiles y aún están viendo si consiguen muchos de los recursos y realizar este cambio profundo de sistema, puede generar el efecto contrario que arranque con falencias que lleven a un mal funcionamiento y eso sea el mensaje que se dé institucionalmente”.
Desde el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema informaron que dispusieron “cuarenta trabajadores de mano de obra propia del Departamento Operativo, que se encuentran readecuando la pintura y refacción general de la Sala de Audiencias”.
En colaboración con el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia está equipando diez salas de audiencias con los recursos necesarios para la celebración de audiencias, así como para su registro adecuado en audio y video.
A pocos días de poner en marcha el sistema acusatorio, oficialmente se dijo que se está llevando a cabo un “plan de remodelación y adecuación tecnológica de cinco salas existentes en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, con el objetivo de convertirlas en salas de audiencias óptimas a partir del 6 de mayo. Este plan también contempla el acondicionamiento de otras cinco salas a mediano plazo”.
El sistema acusatorio se asienta sobre la división de roles entre jueces y fiscales, la contradicción y la “igualdad de armas” entre las partes, la publicidad de las decisiones y el derecho de toda persona imputada en el marco de un proceso penal a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.
Antes era la Comisión Bicameral de Implementación del Congreso la responsable de ir poniendo en marcha el sistema acusatorio. El presidente Javier Milei le quitó esta potestad al Poder Legislativo y dejó dicha tarea bajó la órbita del Ministerio de Justicia, que busca realizar una “puesta en marcha en simultáneo en todo el país”. Este último objetivo es el más complejo, entienden desde la Procuración, por todas las remodelaciones que deben realizarse, los cargos a cubrir y las capacitaciones requeridas.