El Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello acudió, nuevamente, a la justicia penal al detectar irregularidades en el programa que se creó en 2020 denominado «Plan Nacional Argentina contra el Hambre», que debía garantizar el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios. El relevamiento de la actual gestión arrojó que el 50% de los comedores registrados «eran inexistentes» y uno «funcionaba en un barrio privado».
El programa que creó el gobierno de Alberto Fernández y que funcionaba bajo la órbita del extinto Ministerio de Desarrollo Social, tenía por objeto garantizar la seguridad alimentaria a sectores vulnerables y debía, en teoría, permitir el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios.
El área que debía controlar el correcto funcionamiento de los comedores a los que se les destinaban fondos nacionales era la Secretaría de Inclusión Social que dependía del por entonces Ministerio de Desarrollo.
La denuncia penal a la que accedió Clarín -y que ya fue radicada en los tribunales de Comodoro Py- refiere a un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Cuando se reguló el programa creado en 2020 se aprobaron sus lineamientos generales y componentes. La seguridad alimentaria era el primero de los lineamientos cuyo objetivo consistía en garantizar a las familias más vulnerables el acceso a los alimentos; y específicamente en su ítem 3, las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios.
La normativa que puso en marcha este plan, a su vez, estipuló el sistema de validación de los comedores para obtener la ayuda económica por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Eran tres instancias: la pre inscripción, la validación de todo lo presentado y finalmente, la matriculación.
La matriculación tenía vigencia, según detalla la denuncia, durante el plazo de dos años pero requería de una «revalidación a partir de esa fecha, caso contrario, no debía seguir siendo parte de los beneficiarios».
Cuando Sandra Pettovello asumió al frente al Ministerio de Capital Humano, ordenó una auditoría sobre todos los programas que se encontraban vigentes. El estudio realizado por el RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), arrojó una primera observación: «la gestión anterior del gobierno nacional no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería».
Esa primera omisión de los deberes de funcionarios público, devino en otra situación que fue denunciada penalmente: Los comedores y los merenderos del RENACOM gestionaban alimentos por miles de millones de pesos, que provienen de diversos programas sociales pero muchos de los comedores «eran inexistentes».
Según señalaron autoridades del Ministerio de Capital Humano, las auditorías realizadas sobre el RENACOM creado durante la pandemia en julio de 2020 arrojaron «distintas irregularidades sistemáticas que corresponde denunciar».
“La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, se explicitó en el texto judicializado.
En el ministerio que dirige Pettovello sostienen que después de las correspondientes investigaciones, «de la totalidad de los comedores sólo se pudieron relevar la mitad (52,3%)».
El restante 47.7% «no pudieron relevarse debido a que: el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos)».
A esos datos que surgen del informe auditor, hay que sumarle otro que consta en la denuncia penal: casi el 16% de los comedores que se anotaron para recibir fondos nacionales, «en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero».
A la hora de especificar algunos de estos casos, Capita Humano detalló: «Conquistando Sonrisas»; «Pequeños Gigantes de Quilmes»; «Cielos Abiertos»; «Luz de Luna de Pereyra»; «Esperanza»; «Los Peques de San Alberto»; «Luz y Esperanza»; «No Funciona Como Tal», todos esos casos integran un extenso listado de «algunos de los ejemplos de supuestos comedores que no existían en los domicilios declarados», explicó Capital Humano.
Hay un aspecto que consigna la denuncia y es que el RENACOM es un registro, y en función de eso le atribuye al Estado nacional «el deber de controlar sistemáticamente a los comedores y merenderos durante los años en que estuvieron «matriculados» pero nunca lo hizo ya que no se ha verificado actas labradas por los organismos estatales correspondientes a tal efecto».
Bajo esta misma línea argumentativa, Capital Humano remarca que los comedores y los merenderos del RENACOM gestionaba importantes sumas de dinero provenientes de las arcas públicas «que pertenecían a diversos programas sociales (PNUD, programas de desarrollo social, etc.), por lo que sin lugar a dudas el Estado Nacional debería haber controlado en forma eficiente lo que ocurrió en dichos comedores durante los años de gestión».
Un comedor en un barrio privado
A los datos expuestos se sumó otro que reviste, a criterio de los denunciantes, mayor gravedad. «Evidentemente no existió control alguno, atento que se siguen encontrado varias irregularidades de los supuestos comedores y merenderos, por ejemplo: Gauchito Gil, informa que en esa dirección existe un barrio privado».
Otro caso es el comedor inscripto como Sol de Barrio, el cual «no fue posible localizar la dirección, y más aún, los vecinos reconocen que allí nunca funcionó uno».
Incluso -ahonda en detalles la denuncia- «algunos supuestos comedores ni siquiera poseen nombre, sólo números de inscripción como sucede con RNCM-0014375, en el cual se indica que no existe ningún comedor o merendero como informan los vecinos, como así también la RNCM- 0047862, la cual no se pudo constatar».
En este punto el área letrada del Ministerio de Capital Humano se refiere a un «descontrol» de éste y otros programas sociales. En otros casos, «ni siquiera existen nombres de los lugares en el registro, sino que se los identifica apenas con un número de expediente, pero que incluso al realizarse la inspección ocular demostró que tampoco existía».
Señalando que todas estas acciones podrían configurar un incumplimiento de los deberes de funcionarios público y/o un fraude al Estado, el área legal de Capital Humano concluye en la denuncia que la falta de control «sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer, no puede ser «rifada» sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos».