El tiempo corre para los tres poderes del Estado: para el Gobierno, para el Congreso y para la Corte Suprema, pero en especial para la Casa Rosada. El 30 de noviembre se terminan las sesiones ordinarias, aunque el Ejecutivo podría prorrogarlas. Javier Milei aún no logró que el Senado vote los pliegos de sus dos candidatos para el máximo Tribunal Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
En el círculo íntimo del Presidente ya se animan a exteriorizar –como adelantó Clarín– que hasta ahora era un rumor de pasillo. Si no hay acuerdo en la Cámara Alta, un juez de la Corte podría ser nombrado por DNU en comisión. «Tres jueces en la Corte ya acarraría un déficit grave en materia institucional», consignó uno de los funcionarios que más escucha el Presidente.
En el triángulo de hierro de Milei descartan de plano la posibilidad de que el cordobés Juan Carlos Maqueda -próximo a jubilarse porque superará la barrera de los 75 años- pueda extender su permanencia en la Corte.
Mauricio Macri utilizó esa estrategia al principio de su mandato -por consejo del asesor Fabián «Pepín» Rodríguez Simón– para nombrar a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti. Finalmente, la presión política obligó a que Macri tuviera que pasar por el filtro del Senado.
En el mientras tanto, el Gobierno se prepara para enviar la semana los pliegos para llenar las vacantes de los 150 jueces federales. Esa iniciativa, que oficializó este miércoles el secretario de Justicia, Sebastián Amerio -que responde a Santiago Caputo– y los nombres propios de los magistrados para llenar tantos casilleros le sirven al Gobierno para negociar con los gobernadores y las fuerzas políticas el apoyo a sus candidatos para la Corte.
Los dos temas están atados. Altas fuentes del Gobierno descartaban nombrar jueces o procuradores si no se votaban antes los pliegos de los candidatos para el Máximo Tribunal. Hace 10 días, con la mirada puesta en el calendario, recalcularon. Funcionarios con acceso al despacho presidencial e intereses en la Justicia sugerían días atrás que el Ejecutivo podría enviar los pliegos en tres tandas. Finalmente unificaron la gestión.
Los aliados del PRO -con Macri, a la cabeza- reclaman tener injerencia para opinar sobre esos candidatos que el Senado deberá aprobar. Los interlocutores de LLA con el oficialismo sugieren que el partido amarillo no tiene peso específico en la Cámara Alta, donde solo tiene seis senadores.
No es el único foco de conflicto entre Macri y los delegados del Presidente. El ex presidente pide acelerar los nombramientos en el directorio de la Auditoría General de la Nación y de la defensoría del Pueblo. Para el primer lugar postula a Jorge Triaca. El oficialismo, que en un principio había sugerido ceder su lugar a la UCR -ahora partida en 3- empuja el nombre de Santiago Viola, apoderado de LLA y con despacho en Casa Rosada, aunque no ocupa un cargo formal.
Tras la abrupta salida de Diana Mondino de la Cancillería, en el Gobierno descartaron de plano los rumores de una posible renuncia del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.