A más de 60 horas de la escandalosa fuga de 11 presos alojados en la Alcaidía 4Bis de la Policía de la Ciudad, dependencia situada en Barracas, todavía se busca a nueve delincuentes, cuya paradero es una incógnita. Solo pudieron ser recapturados dos.
Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales y policiales. Los dos recapturados fueron identificados por los voceros consultados como Néstor Iván Benítez, de 33 años, quien cumplía una condena de seis meses de prisión, y Néstor Birraglia, de 52 años, acusado de robo agravado.
“Uno de los delincuentes recapturados cumplía una condenada por violencia de género. La Policía de la Ciudad dio avisó al Ministerio Público Fiscal porteño y la fiscal Claudia Barcia pidió una consigna policial en la casa de la víctima. Finalmente, fue atrapado cuando llegaba a la casa de ella”, dijeron fuentes judiciales.
Los presos que aún no fueron recapturados fueron identificados por fuentes con acceso al expediente como Nicolás Ezequiel Pacheco, de 31 años; Franco Vega, de 23; Jairo Gamarra Canaval, de 30; Brian Placencia, de 33 años y de nacionalidad peruana, Dilan Andrés Agudelo Sánchez, Jonny Díaz Silva, Henry Quiroz, Josafat Arce y Nicolás Vera.
La fuga ocurrió la noche del sábado, durante un corte de luz. Los delincuentes escaparon por los techos. Poco después, hubo comunicaciones policiales en las que se transmitieron los rasgos fisonómicos de los presos fugados para que los móviles que recorrían las calles pudieran identificarlos.
“El Ministerio de Seguridad está abocado a la búsqueda de los delincuentes que lograron fugarse y trabajando fuertemente en llevar tranquilidad al barrio”, informaron desde la dependencia conducida por Waldo Wolff y Diego Kravetz, ministro de Seguridad y secretario de Seguridad, respectivamente.
Fuentes oficiales informaron que se abrió un sumario administrativo para los cuatro oficiales de la Policía de la Ciudad que estaban en la alcaidía en el momento de la fuga.
“Si hubo responsabilidad o complicidad de los uniformados en el plan de huida, lo determinara la investigación que inició la Justicia”, sostuvieron fuentes del gobierno porteño.
La causa quedó a cargo de la fiscal en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña Celsa Ramírez, que cuenta con la colaboración de personal de la Policía Federal Argentina (PFA).
“Se está tratando de determinar si los oficiales de la Policía de la Ciudad que estaban a cargo de la custodia de los presos cometieron alguna negligencia que posibilitó la fuga o si tuvieron algún tipo de complicidad en el plan de evasión”, dijo una fuente que participa de la investigación.
Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño dijeron que la fuga es consecuencia de “la superpoblación de presos en la Ciudad”. En abril pasado, tras una seguidilla de fugas de distintas comisarías y alcaidías hubo un fuerte cruce entre funcionarios porteños y nacionales. En ese momento había 1962 presos en dependencias de la Capital, aunque la Policía de la Ciudad cuenta con 1041 plazas para una “estadía” transitoria hasta el trasladado a unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
“El problema no empezó ahora. Todo comenzó durante la pandemia con la política de la exjueza María Laura Garrigós [exinterventora del SPF], que no daba cupo para trasladar presos a las cárceles federales. En ese momento, en las dependencias de la Ciudad había solo 60 detenidos. En el SPF no quieren tener las cárceles colapsadas, pero la consecuencia es que las que están colapsadas son nuestras alcaidías y comisarías, que no están preparadas para el alojamiento prolongado de detenidos”, habían explicado en esos días a LA NACION desde el Ministerio de Seguridad porteño.
Hace 13 días, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, finalmente acordaron avanzar con el traspaso de los servicios del SPF en el ámbito de la Capital, lo que implicará que la Ciudad se hará responsable del cuidado de los detenidos por causas tramitadas en la Justicia nacional ordinaria y en la Penal, Contravencional y de Faltas porteña.
En la firma del convenio Bullrich estuvo acompañada por el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y la Directora Nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. Junto a Macri estuvieron el jefe y el vicejefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti y Gabriel Sánchez Zinny; y los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Waldo Wolff.
“Esta es la primera reunión. Ahora comienza a ejecutarse. Es pasar la responsabilidad para que la Ciudad se haga cargo de la gestión del alojamiento de los presos que no sean de la Justicia federal. Seguirán reuniones de trabajo para ir concretándolo”, dijeron a LA NACION fuentes del gabinete nacional.
Hasta el momento, los procesados por delitos cometidos en territorio porteño quedaban detenidos en las diferentes comisarías de la Policía de la Ciudad, que estaban excedidas en su capacidad. Eso fue motivo de fuertes cruces entre los funcionarios porteños y los nacionales durante el gobierno de Alberto Fernández, especialmente a partir de la pandemia, cuando el SPF redujo los cupos semanales reservados para alojar a personas detenidas en la Capital en el mayor establecimiento disponible en el territorio porteño: la Cárcel de Devoto. Inclusive recurrió a la Justicia, que le dio la razón y le impuso al Poder Ejecutivo Nacional la asignación de cupos suficientes.
Para paliar la situación, la Ciudad amplió cupos en sus alcaidías comunales y, además, sumó plazas en estructuras provisorias como, por ejemplo, contenedores acondicionados especialmente para el alojamiento preventivo de detenidos por cortos plazos.
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