El narcotraficante Rafael Caro Quintero, socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, comparecerá nuevamente ante la justicia estadounidense este miércoles en Nueva York. Las autoridades lo acusan de encabezar una organización criminal y de ordenar el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, en 1985. En la sesión anterior, se declaró “no culpable”.
La extradición de Caro Quintero a Nueva York forma parte de un acuerdo y operación conjunta que incluyó el envío de otros 28 presuntos criminales mexicanos hacia Estados Unidos. Las autoridades lo persiguieron durante 40 años por su papel en el tráfico de drogas y el crimen organizado.
El pasado 28 de febrero, en su primera audiencia, Caro Quintero se declaró “no culpable” de los cargos de narcotráfico y crimen organizado en su contra. En esta segunda audiencia, se espera que presente nuevos elementos sobre su participación en diversas actividades criminales, especialmente en el asesinato de Camarena.
Junto con él, Vicente Carrillo Fuentes también enfrenta procesos judiciales. El líder del cartel de Juárez está acusado de ordenar secuestros y asesinatos en México. A diferencia de Quintero, no se le vincula con la muerte de Camarena.
Caro Quintero fue uno de los fundadores del cartel de Guadalajara y uno de los principales proveedores de drogas a EE.UU. en la década de 1980. Su captura en 1985 estuvo relacionada con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
El crimen ocurrió después de que la DEA descubriera y destruyera un plantío de marihuana operado por el cartel. Camarena se había infiltrado en la organización de Quintero en la década de 1980. Su cuerpo apareció en una zanja junto al del piloto mexicano Alfredo Zavala.
“Lo que querían era obtener información de Kiki sobre las investigaciones que la DEA realizaba en México. Querían saber quiénes eran los informantes, a quiénes manejaban. Querían saber las direcciones donde vivían los agentes”, explicó Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, a The Associated Press.
Las autoridades estadounidenses consideran este hecho como un punto de quiebre en la lucha contra el narcotráfico. En represalia, Estados Unidos intensificó su presión sobre los cárteles mexicanos y exigió la extradición de Quintero desde entonces.
El narcotraficante fue arrestado en Costa Rica en 1985 y condenado a 40 años de prisión. Sin embargo, en 2013 obtuvo la libertad por un tecnicismo legal y regresó a la clandestinidad. Su recaptura en 2022 puso fin a su fuga y marcó un hito en la cooperación entre México y Estados Unidos.
La entrega de los 29 prisioneros se produjo en un contexto de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y México. El gobierno de Donald Trump presionó para obtener la extradición como parte de su estrategia contra el narcotráfico. A cambio, México evitó la imposición de aranceles del 25% a sus exportaciones.
Sin embargo, el Procurador General de México, Alejandro Gertz Manero, aseguró que la medida no fue una concesión a Washington. “No es un compromiso con los Estados Unidos. Es un compromiso con nosotros mismos”, declaró. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó a los extraditados como “generadores de violencia” en territorio mexicano.
“Nunca se puede matar a un agente de la DEA y nunca se saldrá con la suya. Nunca permitiremos que eso ocurra, y nunca lo olvidaremos”, advirtió el fiscal del tribunal, John Durham, a la prensa al fin de la audiencia de Quintero frente a la justicia en Nueva York.
El caso del “narco de narcos” sigue generando expectativa, tanto en Estados Unidos como en México. Su juicio podría revelar detalles sobre la estructura de los cárteles y sus nexos con el poder político. Mientras tanto, la familia de Kiki Camarena espera que la justicia finalmente se haga efectiva tras décadas de impunidad.