La causa conocida como “La ruta del dinero K” vuelve a ocupar un lugar central en la agenda judicial y política. Este lunes, seis de los condenados en ese expediente deberán presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para quedar detenidos, tras la decisión del Tribunal Oral Federal N.º 4 de ejecutar las penas una vez que la Corte Suprema dejó firmes las condenas. El caso, uno de los más emblemáticos del entramado de corrupción durante el kirchnerismo, expuso cómo se lavaron cerca de 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, a través de una compleja red de empresas, testaferros, cuentas offshore y financieras, con epicentro en la ya célebre oficina de SGI en Puerto Madero, conocida como «La Rosadita».
Las imágenes de fajos de billetes apilados, contados sin disimulo por Martín Báez, Fabián Rossi y otros involucrados en la financiera, fueron parte de una serie de pruebas que, sumadas a confesiones y documentación financiera, dieron forma al expediente que terminó con 22 condenas, entre ellas la del empresario patagónico Lázaro Báez, responsable máximo de la operación y uno de los principales contratistas del Estado durante la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner. Aunque la ex presidenta fue sobreseída en esta causa, otros vínculos políticos y económicos quedaron bajo la lupa de la justicia.
Entre los seis detenidos hay empresarios, contadores, exdirectivos y socios de Báez, muchos de ellos con participación clave en las maniobras de blanqueo de capitales. Algunos pidieron cumplir sus penas bajo arresto domiciliario por razones de edad, pero la Justicia federal dio la orden clara: deben presentarse hoy. A continuación, quiénes son y qué rol cumplió cada uno en la red delictiva.
Los seis condenados que deben entregarse
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Fabián Rossi – 4 años y 6 meses de prisión
Conocido públicamente por su relación con Iliana Calabró, Rossi fue una pieza clave en la operatoria financiera. Participaba activamente en SGI («La Rosadita»), donde se grabaron los famosos videos contando dólares. Se lo vincula con la creación de sociedades offshore en Panamá y otros paraísos fiscales. Para los jueces, Rossi actuó como engranaje del circuito de lavado: facilitaba el movimiento de fondos entre cuentas, disfrazando el origen ilícito del dinero. -
Julio Mendoza – 5 años de prisión
Fue el presidente de Austral Construcciones, la principal empresa de Lázaro Báez. Como figura formal de la firma, estaba encargado de las operaciones cotidianas y firmaba los contratos de obra pública. Bajo su gestión, Austral recibió más de 50 contratos del Estado. Mendoza validó, según la Justicia, balances ficticios y documentación apócrifa que permitieron desviar grandes sumas de dinero para luego ser blanqueadas. -
Juan Alberto De Rasis – 4 años y 6 meses de prisión
Contador de confianza del grupo Báez, fue parte de la estructura técnica que armó balances falsos y operaciones simuladas. Su firma apareció en varios documentos contables usados para justificar movimientos de dinero. De Rasis también colaboró en la confección de los reportes financieros presentados ante bancos y entidades reguladoras, con el objetivo de darle una fachada legal a las transferencias internacionales. -
César Fernández – 4 años y 6 meses de prisión
Ejercía como síndico de Austral Construcciones, lo que le otorgaba un rol de contralor dentro de la empresa. En lugar de señalar irregularidades, validó maniobras fraudulentas. La Justicia entendió que Fernández no solo omitió denunciar las inconsistencias, sino que también facilitó el encubrimiento del origen ilícito de los fondos. Su rol técnico y su firma fueron claves para legitimar el circuito de lavado. -
Carlos Molinari – 3 años y 6 meses de prisión
Empresario con vínculos en el sector inmobiliario y financiero. Se lo señala como un facilitador de estructuras jurídicas para mover dinero al exterior. Su nombre ya había aparecido en otras causas judiciales. En este caso, la Justicia determinó que ofreció sociedades pantalla y contactos bancarios internacionales para que los fondos de Báez pudieran circular sin obstáculos legales aparentes. -
Eduardo Castro – 4 años y 6 meses de prisión
Participó como apoderado de empresas utilizadas para el lavado, prestando su nombre y su firma para la constitución de compañías y cuentas bancarias. Su función fue esencial para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios del dinero. La Justicia lo considera un colaborador directo en la creación del andamiaje financiero que permitió el desvío y blanqueo de fondos públicos.
Lázaro Báez y su familia: condenas ratificadas
El caso no estaría completo sin mencionar a su principal protagonista. Lázaro Báez, ex socio de Néstor Kirchner y uno de los grandes contratistas de la obra pública en Santa Cruz, fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero agravado. La Corte Suprema ratificó su sentencia la semana pasada, poniendo fin a los recursos judiciales y habilitando su detención definitiva. Su condena es la más severa del expediente. Su hijo, Martín Báez, también recibió una pena elevada: 6 años y 6 meses de prisión. Las pruebas contra él incluyen los videos de “La Rosadita” y transferencias millonarias a cuentas en Suiza. Se lo considera parte activa del mecanismo de lavado y cómplice de su padre.
Otros condenados relevantes incluyen a Daniel Pérez Gadín, contador de Báez, y al abogado Jorge Chueco, ambos sentenciados a 6 años de cárcel. Fue clave la confesión del arrepentido Leonardo Fariña, quien reveló el modo en que se triangulaban los fondos desde empresas de Báez a cuentas en el exterior, utilizando facturación apócrifa y testaferros.La maniobra total involucró más de 60 millones de dólares provenientes de contratos de obra pública, desviado a través de empresas como Austral Construcciones, SGI, Helvetic Services Group y sociedades en Panamá, Belice y Suiza.
La Corte Suprema dejó en firme estas condenas al rechazar todos los recursos de los imputados. La causa fue una de las más complejas en cuanto a pruebas documentales, peritajes contables y evidencia audiovisual. Y aunque Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída en este expediente en 2021, sectores como la ONG Bases Republicanas insisten en investigar posibles conexiones con los fondos repatriados por Báez desde Suiza.
por CEDOC