POLÍTICA
La reforma permitiría suprimir entidades públicas sin dictamen presupuestario ni mayoría legislativa
El presidente de la República podrá eliminar empresas públicas creadas por ley, según una polémica disposición incluida en el proyecto de Ley urgente de Integridad Pública. La Comisión de Desarrollo Económico afina el informe para el segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional.
La disposición, que ha despertado cuestionamientos, fue incorporada antes del primer informe y contempla reformas a once leyes. Entre ellas, el Código Orgánico Administrativo (COA), que incluiría una cláusula para permitir que el Ejecutivo elimine entidades públicas sin necesidad de otra ley, si se demuestra objeción legislativa o ausencia de dictamen presupuestario. Para el legislador Alfredo Serrano, esta disposición rompe el principio jurídico de paralelismo de las formas, donde las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes. “Se está delegando una facultad exclusiva de la Asamblea al Ejecutivo”, advirtió el asambleísta socialcristiano.
Además, la reforma amplía su alcance al establecer que los fiscales también podrán ser sancionados por prevaricato, con inhabilitación vitalicia, medida que hasta ahora solo aplicaba a jueces y árbitros. Esta inclusión refuerza el carácter punitivo del texto legal, sin un análisis profundo sobre sus implicaciones institucionales.
Otro cambio sustancial es el artículo reformado de la Ley de Solidaridad Nacional, que impide otorgar indultos a procesados por delitos contra la administración pública. Esto parece una respuesta política más que una reforma jurídica estructural. El legislador Diego Franco, del movimiento oficialista, defendió la ley como una herramienta para eliminar estructuras públicas ineficientes. “No se trata de dar más poder al Ejecutivo, sino de combatir la corrupción estructural que existe en varias empresas públicas”, señaló.
| La Derecha Diario
Franco negó que con esta ley se ponga en riesgo la continuidad de entidades como Petroecuador, el Instituto de Seguridad Social o las universidades. No obstante, reconoció que hay posturas divididas dentro de su bancada y que la reforma será analizada a fondo antes del segundo debate. Sergio Peña, exaliado de la Revolución Ciudadana, también mostró su respaldo. Argumentó que muchas empresas estatales operan como “focos de corrupción” y deben ser reformadas o suprimidas. En su opinión, Petroecuador debería funcionar bajo un esquema de licitación y no ser manejada enteramente por el Estado.
Los sectores más críticos señalan que esta ley, aunque se presenta como un mecanismo de eficiencia, puede abrir la puerta a decisiones unilaterales y sin control legislativo. Incluso entre oficialistas hay dudas sobre si esto representa una concentración de poder o una modernización institucional.
Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo se debaten normas que pueden afectar la estructura del Estado. La discusión gira entre dos visiones: una que busca desburocratizar y mejorar la administración pública, y otra que alerta sobre el debilitamiento de los contrapesos democráticos.
El informe final se espera para el viernes, con la posibilidad de un segundo debate la próxima semana. Su aprobación marcará un precedente legal sobre el equilibrio entre el poder Ejecutivo y la Asamblea.
➡️ Política
Más noticias: