El Tribunal Oral Federal N°2 intimó a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los condenados por el caso Vialidad a depositar, en un plazo máximo de diez días, una suma de 684.000 mil millones de pesos. Esa cifra corresponde al perjuicio económico que, según la sentencia, provocaron al Estado mediante el delito de fraude en la adjudicación de licitaciones de obras públicas en Santa Cruz. Si no se cumple con el pago, la Justicia avanzará con el decomiso y remate de los bienes que ya están embargados.
La notificación fue firmada por el juez Jorge Gorini, presidente del tribunal, junto a sus pares Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, e incluye a todos los condenados en la causa. El tribunal exige que los responsables reúnan la suma de forma solidaria. Es decir, no se divide el monto entre los acusados, sino que todos responden por el total. De no concretarse el pago en el plazo previsto, el tribunal procederá con la ejecución sobre los activos embargados, entre los que se encuentran propiedades, sociedades y dinero en efectivo.
El total a cubrir surge de la actualización del decomiso original de 84.000 millones de pesos fijado en la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2022. A pedido del tribunal, peritos de la Corte Suprema recalcularon la cifra según los índices actuales y presentaron el resultado la semana pasada. Con esa nueva valoración, que representa más de 540 millones de dólares al tipo de cambio actual, el tribunal activó el reclamo formal.
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Entre los bienes en la mira de la Justicia se cuentan 213 propiedades, 14 vehículos y seis sociedades. Algunos pertenecen a CFK, otros a Lázaro Báez y al resto de los condenados. El objetivo del decomiso, según los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, es recuperar los activos generados a partir del delito e impedir que los responsables sigan disfrutando de los beneficios económicos obtenidos de manera ilícita.
La sentencia sostiene que esta herramienta legal busca apropiarse de los bienes utilizados para cometer un delito o de aquellos que hayan sido producto directo de él. En su alegato, los fiscales calcularon el perjuicio al Estado a partir de los sobreprecios en 51 licitaciones y los daños ocasionados por obras inconclusas. Esa base sirvió para definir el monto que ahora se reclama.
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En qué estado se encuentran los activos de los acusados
En el caso de Cristina Kirchner, su última declaración jurada indica un patrimonio de 250 millones de pesos. Sin embargo, muchos de sus bienes fueron transferidos a sus hijos Máximo y Florencia mediante un anticipo de herencia. Aun así, los activos siguen bajo investigación judicial y están congelados en otras causas como Hotesur y Los Sauces. Entre ellos se incluyen departamentos en Puerto Madero, cocheras, seis millones de dólares, hoteles en el sur, propiedades en El Calafate y departamentos en Río Gallegos.
Lázaro Báez, por su parte, es el que acumula mayor cantidad de bienes. En la causa conocida como “la ruta del dinero K”, el juez Sebastián Casanello ordenó un análisis patrimonial que determinó un total de 120 millones de dólares en propiedades, vehículos, estancias y aeronaves. Sin embargo, parte de ese monto ya está comprometido: Báez fue condenado por lavado y debe afrontar una multa de 300 millones de dólares, además del decomiso de otros 55 millones, lo que plantea un conflicto sobre cómo se repartirán sus activos entre las distintas causas judiciales.
Los magistrados rechazaron el peritaje presentado por el contador de Cristina Kirchner y ratificaron que el cálculo de actualización del perjuicio económico en la causa Vialidad se basó en el IPC del INDEC, tal como se aplicó desde el inicio del proceso. Señalaron que el perito de la defensa partió de un valor de referencia distinto al utilizado por los expertos oficiales, lo que, según el tribunal, los exime de considerar cualquier otra discusión sobre la validez del método de cálculo.
TC / Gi