El Ministerio de Economía de la Nación notificó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la medida cautelar que existe en contra de la aplicación del decreto 462/2025 y de la resolución 1240/25 de esa cartera que conduce Luis Caputo. Fue en las últimas horas a través de una nota interna de la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Marta Novoa, al titular del INTA, Nicolás Bronzovich.
Más allá del formalismo, y si bien la carta no explicita los pasos a seguir, habla de la notificación de la medida preventiva pedida por los gremios ATE y Apinta y la orden judicial al Gobierno de abstenerse de ejecutar actos administrativos derivados del DNU, y pareciera implicar, en la práctica, la anulación de los efectos de aquellas resoluciones.
En la comunicación, el Ministerio de Economía le adjuntó la decisión de la Justicia Federal para que el Estado nacional se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del decreto 462/2025. Este fallo tendría un impacto directo en la situación de los empleados afectados y en la propia operatividad de la institución.
Esta noticia se da luego de que la semana pasada se pusiera en disponibilidad 286 trabajadores del INTA, en la resolución 1240/25 del Ministerio de Economía. Fue ahí que escaló rápidamente a la esfera judicial y la jueza Martina Isabel Forns intimó al Estado Nacional para el “inmediato cumplimiento de la medida cautelar” que suspendía la efectivización de esta disponibilidad.
Simultáneamente, el Congreso Nacional había rechazado de manera explícita el DNU 462/2025, dejando sin sustento legal a las acciones administrativas que se derivaban del decreto.
En detalle, la nota recuerda que “con fecha 20 de agosto de 2025 se ha dictado una medida cautelar cuya parte resolutiva dispone que el Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto N° 462/2025, artículos 59 a 69, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA –, por el plazo de seis meses a partir de la notificación de la resolución judicial.”
“Con fecha 26 de agosto de 2025, el juzgado actuante ratificó y amplió la mencionada medida cautelar, disponiendo la imposición de sanciones por cada día de incumplimiento y conminando a la observancia inmediata de lo resuelto”, sigue la nota.
“Por lo expuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto por la superioridad y de la manda judicial, se notifica lo decidido por la autoridad judicial, quedando a vuestra disposición la copia íntegra de la resolución cautelar dictada”, finaliza.
Quien celebró como una victoria la noticia fue el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, que por la red social X dijo: “Último momento! El Gobierno comunicó que va a cumplir con la cautelar de la Justicia en favor de ATE que retrotrae la medida y no habrá trabajadores en disponibilidad en el INTA”.
Sin embargo, más allá del formalismo, en la nota no se habla de los pasos a seguir. LA NACION hizo consultas en el Gobierno sobre el tema, pero declinaron hacer comentarios.