La Comisión Europea planteó un nuevo aplazamiento de un año, hasta 2026, de la ley contra la deforestación que prohibe el ingreso a Europa de productos provenientes de campos deforestados, un texto criticado por Estados Unidos, Brasil e Indonesia, entre otros, y que afecta directamente el potencial de las exportaciones argentinas de granos y carne al viejo continente.
La comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, explicó ante la prensa que la Unión Europea (UE) necesitaba más tiempo para que la ley esté plenamente operativa, en particular el «sistema informático» de monitoreo de los bosques.
En 2024 la UE ya había pospuesto un año la entrada en vigor de esta ley, que busca prohibir la comercialización en Europa de productos como el aceite de palma, el cacao, el café, la soja y la madera procedentes de tierras deforestadas después de diciembre de 2020.
Un cable de la agencia AFP detalló que las organizaciones ecologistas denunciaron entonces un «grave retraso» en la aplicación de la ley, calificándolo de «motosierra» contra los bosques.
El anuncio de la Comisión llega pocas horas después de la conclusión de un acuerdo de libre comercio con Indonesia, un país muy crítico con esta legislación europea. Esta ley también es cuestionada por Estados Unidos, que firmó un acuerdo comercial con la UE en julio.
La propuesta de prórroga será sometida a los Estados miembros y al Parlamento europeo, donde podría conseguir el respaldo de la derecha y la ultraderecha.
«Es una muy mala sorpresa», dijo a AFP Anke Schulmeister-Oldenhove, de la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). «Es el segundo aplazamiento» y el argumento técnico esgrimido «plantea interrogantes».
Varios países europeos, entre ellos Italia y Austria, presionan además para revisar el texto o retrasar su entrada en vigor, criticando las «exigencias impuestas a agricultores y silvicultores, demasiado altas e incluso imposibles de aplicar».
Con esta ley las empresas importadoras deberán demostrar que los productos no provienen de tierras deforestadas recientemente, mediante datos de geolocalización proporcionados por los agricultores, junto con imágenes satelitales.
Esta nueva normativa suscita una fuerte oposición por parte de los sectores empresariales del agronegocio y de numerosos Estados africanos, asiáticos y americanos, preocupados por los costos adicionales que implicará para agricultores, ganaderos y explotadores forestales.