El fiscal Adrián Arribas pidió las prisiones preventivas de todos los detenidos por el triple narcofemicidio de Florencio Varela y reclamó que la causa sea investigada por la Justicia Federal. En su presentación, de 277 páginas, el representante del Ministerio Público Fiscal describió los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez como un acto de “aniquilamiento” y sostuvo que detrás de las ejecuciones “se advierte una disputa de poder por la recuperación violenta y coaccionante de material estupefaciente sustraído a la organización”.
“Nos encontramos ante una banda narcocriminal”, advirtió Arribas en conferencia de prensa. Según explicó, “la finalidad” del triple homicidio “era recuperar la droga robada”, y consideró que la dimensión del caso “supera el ámbito local”, por lo que pidió que la investigación pase al fuero federal.
“La intervención de la Justicia Federal se vislumbraba como la mejor solución para asegurar una mayor eficacia de la investigación y cumplir con los fines de la Ley 23.737, vinculada a los delitos de estupefacientes, en la que participan organizaciones multiterritoriales”, fundamentó en su escrito.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Los acusados. El pedido alcanza a Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la vivienda donde fueron hallados los cuerpos; su pareja, Miguel Silva; Daniela Ibarra, encontrada lavando manchas de sangre en la casa junto a Maximiliano Parra; Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro; y Matías Agustín Ozorio, detenido en Perú.
A Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra, Giménez y Ozorio, el fiscal los acusó de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género y por ser criminis causa, es decir, para ocultar otro delito o lograr impunidad.
A Guerrero, Ibáñez y a la propia Ibarra les mantuvo la imputación principal pero sin el agravante de violencia de género. En todos los casos, los hechos fueron calificados como tres homicidios agravados.
“Salvaje, inhumano y despiadado”. En los fragmentos más duros de su presentación, Arribas describió la brutalidad con la que las víctimas fueron asesinadas. “Debe destacarse que las tres jóvenes presentaban distintos tipos de lesiones, perpetradas con diversos mecanismos violentos, los cuales denotan por parte de los coautores no solo un claro desprecio por la vida; sino también una evidente intención de que las mismas sufran un padecimiento extraordinario e innecesario, habiendo previamente seleccionado los instrumentos letales a tales fines”, escribió.
El fiscal sostuvo que los autores “trataron como su objeto a las víctimas, lo que constituye un verdadero y notorio acto de cosificación” y que los agresores “solo tuvieron en miras su aniquilamiento, generando el clima de hacerlas sentir ‘la venida de la muerte’ como el acto moroso por excelencia, en donde los agresores fueron provocando lesiones que eviten que la muerte se produzca inmediatamente”.
Para Arribas, el crimen fue “un triste acontecimiento salvaje, inhumano, cruel, violento, desalmado, brutal y despiadado”, en el que las víctimas –tres mujeres jóvenes, una de ellas menor de edad– fueron objeto de una violencia planificada y simbólica. “Solo una acción penal con enfoque de género y debida diligencia reforzada permitirá avanzar en la erradicación de las condiciones que perpetúan la prostitución como forma de violencia y subordinación contra las mujeres, e intentar articular mecanismos de reinserción para que no vuelva a haber en la sociedad otras ‘Morena, Lara y Brenda’”, sostuvo.
Con sello narco. El pedido de prisión preventiva llega tras casi un mes de investigación sobre los hechos ocurridos en la casa de la calle Chañar, en Florencio Varela, donde fueron hallados los cuerpos de las tres víctimas. La causa había comenzado en el fuero ordinario, pero desde los primeros días el fiscal consideró que se trataba de un episodio vinculado al narcotráfico, con ramificaciones internacionales.
“De las robustas actuaciones incorporadas a la investigación, puede afirmarse que existió un modus operandi motivado en la disputa de poder y recuperación de material estupefaciente sustraído a la organización criminal”, indicó Arribas. Según su planteo, la hipótesis principal es que las jóvenes fueron secuestradas y asesinadas como represalia dentro de una estructura de narcotráfico con operaciones en Argentina y Perú.
Consultado sobre esa conexión, el fiscal señaló que “la posibilidad de que la orden para cometer los crímenes haya sido dada desde Perú está bajo investigación”. En ese país fue detenido Ozorio, uno de los acusados, mientras otros sospechosos permanecen prófugos.
El fiscal sostuvo que por la naturaleza de los delitos y la estructura criminal involucrada, la competencia debería pasar al fuero federal. En su presentación ante el juez Fernando Horacio Pinos Guevara, del Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, afirmó que “la intervención de la Justicia Federal permitiría una investigación integral y más efectiva sobre las conexiones delictivas vinculadas al narcotráfico y la trata”.
El traslado del expediente podría definirse en las próximas horas. De concretarse, la investigación quedaría bajo la órbita de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que ya había brindado colaboración en los primeros días del caso.