En el mes de enero, dos consultoras dieron a conocer informes contrapuestos respecto al estado de la opinión pública sobre la megaminería en la provincia. Una expresa la visión del lobby megaminero provincial y la otra refleja que la mitad de la población rechaza esta actividad.
El informe de la consultora IOPPS refleja la opinión de todo el lobby megaminero de la provincia (el gobierno de Orrego, el PJ, los libertarios, medios de comunicación, universidades y empresarios). Como era de esperar, para IOPPS la megaminería tiene un amplio apoyo social: el 70 % de la población apoyaría la actividad como motor de crecimiento económico.
Sin embargo, el informe de la consultora EHTOS refleja una realidad social distinta y da una alerta al lobby megaminero: “viene descendiendo el consenso social”. Como primer dato, muestra una marcada polarización social: un 46 % apoya y un 46 % no apoya la actividad. Luego señala que el principal motivo del rechazo es la contaminación ambiental que deja la megaminería. Un segundo motivo es la desigual distribución de los ingresos que genera, y en tercer lugar aparece la contaminación del agua.
El informe también muestra el marcado descenso del apoyo social a lo largo del tiempo: 75 % en 2012, 60 % en 2015, 62 % en agosto de 2025 y una fuerte caída al 46 % en diciembre del mismo año.
La modificación de la Ley de Glaciares y los peces del dique
La modificación de la Ley de Glaciares siempre fue un tema de agenda para los gobiernos del PJ. Como no hay grietas en este punto, el gobernador Orrego ya confirmó que apoya la modificación y que sus diputados votarían a favor del proyecto del gobierno de Milei. Obviamente, todo el arco empresario sanjuanino está a favor de esta modificación. Pero, a contracorriente de esto, el informe de EHTOS dice que el 44 % de los encuestados no acuerda con la modificación de la Ley de Glaciares. Además, un 53 % de los consultados afirma no conocer mucho sobre el proyecto ni las consecuencias que traería.
También se consultó sobre la terrible aparición de una gran cantidad de peces muertos en noviembre de 2025 en el dique Cuesta del Viento, en Rodeo, departamento de Iglesia. En su momento existieron dos informes. Uno, solicitado por la asamblea de vecinos “Jáchal no se toca” a la Universidad de Cuyo (Mendoza), la cual, confirmó que la muerte de los peces se debió a la contaminación del agua con altos índices de mercurio. El otro informe, solicitado posteriormente por el gobierno de Orrego, ¿adivinen qué concluyó? Sí: que los peces murieron por causas naturales y no por contaminación. Como con este argumento no convencieron a nadie, y el gobierno tuvo que recurrir a notas periodísticas en Diario de Cuyo, poniendo la mirada sobre los vecinos de la asamblea y no sobre la empresa minera.
Sobre este hecho, la consultora EHTOS señala que un 24 % de los consultados acepta que hay contaminación en el agua y que un 69 % no conoce lo ocurrido. Por ende, afirma que esta noticia no llegó a la mayoría de la población y que, si casos como este se instalan en la agenda pública, la imagen negativa de la megaminería puede seguir creciendo.
Para terminar, el informe de EHTOS advierte que el aumento del enojo social es un hecho, pero que todavía no se traduce en acción directa. Sin embargo, cualquier hecho coyuntural, ya sea político o de contaminación ambiental, puede profundizar el descontento social y desembocar en acciones directas de los vecinos.
Luchemos contra el extractivismo con una perspectiva ecosocialista
Desde nuestro punto de vista, este aumento del descontento social con la megaminería se refleja en la aparición de nuevas asambleas ambientales en los departamentos mineros. Como en Valle Fértil, donde en 2023 los vecinos se organizaron y lograron que una multinacional minera no se instale en el departamento. También alimentan el descontento social los anuncios del megaproyecto José María, que usaría el doble de agua que cualquier otro proyecto; los reiterados informes de la Asamblea “Jáchal no se toca” sobre la contaminación de la cuenca del río Jáchal; el RIGI y la apertura descontrolada a proyectos mineros; los peces muertos en el dique Cuesta del Viento; y la experiencia vivida de 20 años de megaminería sin que haya llegado el supuesto progreso económico. A esto hay que sumar, que hoy la provincia tiene salarios promedio que van de los 400 a los 600 mil pesos. La falta de agua potable es cada vez más frecuente, lo que provoca cortes de calles y rutas por parte de los vecinos, que ven como principales responsables a las empresas mineras.
Desde la Red Ecosocialista y el MST en el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que la megaminería es una actividad industrial que contamina el agua, la tierra y demás bienes comunes. Por lo tanto, no es sinónimo de progreso para las mayorías, ni durante estos 20 años ni en el futuro.
Por eso hay que prohibirla de forma planificada, garantizando una reconversión productiva y laboral donde ningún trabajador pierda su fuente de trabajo. Con el verso del desarrollo económico, unos pocos empresarios ricos mantienen sus negocios. En realidad, no genera grandes fuentes de trabajo y cada año falta más salud, educación y empleo, en los departamentos mineros y en toda la provincia. Tampoco se puede estatizar la megaminería, porque una actividad que contamina no va a dejar de contaminar si el Estado la administra.
Es hora de pensar y debatir qué tipo de minería necesitamos y qué objetivos debe tener: ¿El mercado mundial o las necesidades de los pueblos? Es cierto que no podemos vivir sin la minería, ya que de ella se obtienen recursos importantísimos para la producción de medicamentos y equipos tecnológicos que mejoran nuestra salud y calidad de vida. Por eso proponemos terminar con el extractivismo como único eje de desarrollo. Hay que tener varios ejes de desarrollo industrial, siempre pensando en una minería orientada a cubrir necesidades sociales y no las ganancias del mercado. Con iniciativa estatal, impulsar la energía eólica y solar para todos. Y en este contexto de emergencia hídrica impulsar una ley que proteja el agua.
Este proyecto es totalmente contrapuesto al modelo capitalista que hoy conocemos. Y es posible y necesario luchar por este horizonte. La primera estación es el 10 de febrero, contra la reforma de la Ley de Glaciares.
Cristian Jurado
A continuación, compartimos las encuestas de las consultoras IOPPS y ETHOS: