Diputados opositores analizan aprovechar la sesión del próximo miércoles para destrabar los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, quien fue ratificado públicamente por el presidente Milei.
El bloque oficialista, La Libertad Avanza, busca sesionar el próximo miércoles para dar sanción definitiva a la nueva Ley de Glaciares. Sin embargo, esta convocatoria podría derivar en un debate político, ya que la oposición evalúa aprovechar la sesión para impulsar los distintos pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Diputados de Unión por la Patria, el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda analizan destrabar en esa fecha el debate de los proyectos que buscan que Adorni concurra al recinto a responder preguntas. El formato de interpelación es considerado más incómodo que la sesión informativa que el funcionario tiene previsto encabezar el 29 de abril.
Existen varios proyectos en discusión. Uno, liderado por el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, establece que luego de la interpelación la Cámara puede abocarse a una moción de censura, lo que podría derivar en la expulsión de Adorni. Otro, impulsado el lunes por diputados del interbloque Unidos, consiste en un interrogatorio de 29 preguntas que apuntan, entre otros temas, al rol de la Oficina Anticorrupción en el monitoreo de la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
Para lograr su objetivo, la oposición depende de la colaboración de aliados del Gobierno como el PRO y la UCR, quienes podrían argumentar la existencia de una causa judicial en curso. Desde el bloque oficialista, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó su firme respaldo a Adorni, afirmando: «Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni».
Por su parte, el jefe de Gabinete recibió este jueves un nuevo espaldarazo público del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, durante el acto por el 44 aniversario de la guerra de Malvinas en la Plaza San Martín de Retiro.
El Gobierno ya tiene antecedentes de interpelaciones aprobadas en 2025, como la del caso $LIBRA y otra por denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en las cuales los funcionarios citados no asistieron o no recibieron sanción alguna.