Un informe del Órgano de Revisión de Salud Mental provincial detalla las condiciones de tratamiento y la falta de seguimiento para personas privadas de la libertad.
La mayoría de las personas privadas de su libertad en la Unidad 11, la cárcel más grande de Neuquén, están medicadas por trastornos de salud física o mental. Según un relevamiento, todas conocen la medicación que toman, pero apenas una minoría está al tanto de la duración del tratamiento o tiene una revisión adecuada mediante consultas periódicas con profesionales.
Al terminar de cumplir su condena, no cuentan con turnos protegidos para continuar su tratamiento, ni salen con recetas o algún resguardo para no interrumpir abruptamente la toma de medicación, lo que deja los tratamientos farmacológicos truncos.
Estas son algunas de las conclusiones del estudio realizado por el Órgano de Revisión de Salud Mental de la provincia de Neuquén, en cumplimiento de su obligación de controlar el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y a partir de recomendaciones del Comité contra la Tortura.
La etapa de recolección de información se realizó entre febrero y mayo de 2025. En ese momento, de las 265 personas alojadas en la Unidad 11, 53 eran usuarias del servicio de psicología y psiquiatría. El muestreo incluyó entrevistas a personal directivo, profesionales de la salud, celadores y detenidos, entre otros.
El informe completo, de 40 páginas, es el más extenso realizado en la provincia. Trabajos similares se hicieron en las Unidades 12; 16 (donde están detenidas mujeres); la 21 y 22 de Cutral Co y la 31 de Zapala.
El documento señala que, en general, las condiciones de encierro generan o perpetúan trastornos de salud física y mental y sufrimiento subjetivo, que en muchos casos ya existían antes de la prisión. Estos se tipifican como: ansiedad, depresión, insomnio, pánico, pensamientos suicidas, y dependencia de drogas y alcohol, entre otros.
Por ello, el estudio considera importante evaluar la diferencia entre una persona que presenta síntomas reactivos al confinamiento y una persona con un trastorno psiquiátrico cuyas raíces preceden la prisión o se originan dentro del ambiente carcelario. Esta distinción es relevante a la hora de elegir los efectos de un tratamiento farmacológico.
El informe pone en alerta que hay un solo profesional psiquiatra para las 53 personas en tratamiento en la Unidad 11, más todas las personas que realizan tratamiento en las demás unidades penitenciarias, ya que es el único profesional para toda las unidades de detención y comisarías de la provincia.
Entre las sugerencias al Ministerio de Seguridad, se incluye garantizar la presencia de equipos interdisciplinarios dentro de cada una de las unidades de detención, con consultorios acordes y modificaciones edilicias pertinentes. También se propone facilitar la presencia de organizaciones sociales, completar los equipos de Salud Mental y garantizar la contratación de más profesionales psiquiatras.
Al Ministerio de Salud, en tanto, le recomienda designar equipos interdisciplinarios en las unidades de detención para sostener procesos de atención con adecuada frecuencia de revisión de diagnósticos, esquemas farmacológicos y trabajo con las redes socio-afectivas de las personas privadas de la libertad.