La administración de Javier Milei busca consolidar la gobernabilidad mediante negociaciones con gobernadores y prioriza la estabilidad económica y judicial.
El Gobierno nacional ha iniciado una etapa de definiciones políticas orientada a construir gobernabilidad de cara al próximo ciclo electoral. Desde la Casa Rosada se analiza la necesidad de profundizar los vínculos con sectores de la oposición considerados dialoguistas, con el objetivo de garantizar estabilidad en los indicadores económicos.
La estrategia oficial contempla la posibilidad de priorizar el control del Ejecutivo Nacional, lo que podría implicar ceder en algunas disputas territoriales a nivel provincial. Según el diagnóstico del oficialismo, la negociación política debe anticiparse a posibles cambios en la coyuntura.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha vinculado la previsibilidad política con el comportamiento del Riesgo País, en un contexto donde la recaudación de ARCA muestra descensos y existen frentes judiciales abiertos, como el del financiamiento universitario.
El plan político, coordinado por Eduardo «Lule» Menem, prevé acuerdos tácticos con gobernadores de provincias como Catamarca, Salta y Tucumán para fortalecer la posición oficialista en el Congreso. En la Ciudad de Buenos Aires, se evalúa otorgar prioridad territorial al PRO, dada la actual configuración política del distrito.
En otro orden, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para presentar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, donde deberá responder más de 4.800 preguntas formuladas por la oposición. El funcionamiento del Gabinete mantiene un alineamiento estricto con las directivas de la Secretaría General de la Presidencia.
Recientemente, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, realizó un cambio en su equipo, desplazando a su jefe de Gabinete por falta de notificación interna sobre asuntos personales que, según se informó, podían afectar la transparencia de la gestión.
Paralelamente, el Gobierno ha priorizado el avance en el nombramiento de 62 pliegos de jueces, con el objetivo de cubrir vacantes en tribunales federales y garantizar un marco jurídico previsible a mediano plazo.