El juez Gustavo Zapata accedió al pedido fiscal y prorrogó la detención del acusado de liderar una organización criminal. La investigación enfrenta complejidades técnicas y de idioma que demoran la elevación a juicio.
Un año después del inicio de la causa, la investigación contra Rudnev Konstantin, señalado como presunto líder de una organización dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres rusas en Bariloche, continúa. El juez subrogante Gustavo Zapata otorgó recientemente una extensión de la prisión preventiva por otros doce meses, trasladando la fecha de detención hasta el 3 de abril de 2027.
La decisión se tomó en una audiencia donde la fiscalía, a cargo de Fernando Arrigo, expuso una serie de diligencias pendientes que impiden, por el momento, elevar la causa a juicio. La defensa, encabezada por el abogado Martín Sarubbi, cuestionó la medida por considerar que carece de fundamentos válidos.
Entre los argumentos presentados por el Ministerio Público Fiscal para solicitar la prórroga se destacan varias complejidades técnicas. Una de ellas es la imposibilidad de procesar un disco rígido de ocho terabytes secuestrado, que se encuentra cifrado y para el cual los investigadores no poseen aún el software necesario para desencriptarlo y analizar su contenido.
Otra dificultad radica en la barrera idiomática. Gran parte del material probatorio está en idioma ruso, lo que ha obligado a la justicia a designar traductores oficiales, un proceso que demora los plazos debido a la complejidad del idioma y sus posibles interpretaciones.
Asimismo, aún no se ha determinado científicamente la naturaleza de las grandes cantidades de pastillas incautadas en los operativos. La fiscalía consideró «indispensable» analizar si estos fármacos poseen efectos psicotrópicos, pero la falta de recursos locales obliga a trasladar las muestras a laboratorios en Buenos Aires.
Fuentes fiscales confirmaron que también se solicitó una prórroga de las medidas de coerción para las demás imputadas y se gestiona un oficio de cooperación internacional para tomar declaraciones a personas que residen en Indonesia, Serbia y Rusia, a través de las respectivas embajadas.
Por su parte, la defensa de Konstantin criticó duramente los plazos. «¿Cómo puede ser que en un año no pudieron enviar a Buenos Aires para analizar aunque sea un muestreo de un grupo de medicamentos?», cuestionó Sarubbi, quien calificó los argumentos de la fiscalía como «excusas» y no como fundamentos jurídicos válidos.