En una audiencia de revisión de medidas cautelares, el magistrado Oscar Gatti escuchó los argumentos de la defensa y la fiscalía. La resolución sobre la continuidad del monitoreo y la inhibición de bienes se conocerá este martes.
La investigación preliminar contra Mariela Fernanda Marzano, acusada de ejercer la medicina en Roca durante seis años con un título falso, tuvo un nuevo desarrollo este lunes en los tribunales. En una audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez Oscar Gatti escuchó los planteos de las partes y pasó a un cuarto intermedio. Ahora, deberá definir si mantiene la tobillera electrónica y la inhibición general de bienes que pesan sobre la mujer, quien aún no fue formalmente imputada.
La investigación, iniciada tras una denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro, sostiene que Marzano presentó documentación apócrifa de la Universidad de los Andes (Venezuela) y de la Universidad Nacional del Comahue para obtener su matrícula. Según la fiscalía, bajo esa condición, se desempeñó desde 2020 en el hospital Francisco López Lima y en clínicas privadas de la ciudad.
Representada por sus abogados defensores Pablo Iribarren y Oscar Pineda, Marzano centró su estrategia en demostrar que las medidas actuales son «innecesarias y desproporcionadas». Iribarren argumentó que la mujer posee un fuerte arraigo en la ciudad, donde vive con su pareja y su hija menor, y que nunca ocultó su identidad. «El proceso se encuentra en una etapa incipiente, sin formulación de cargos», reforzó el letrado. La defensa ofreció entregar el pasaporte de manera voluntaria para evitar el uso del dispositivo electrónico.
Por su parte, la fiscal Celeste Benatti ratificó la necesidad de mantener el monitoreo y la inhibición de bienes. La funcionaria reveló la existencia de dos nuevas denuncias en trámite por el fallecimiento de pacientes que habrían sido atendidos por la acusada. «Vienen a denunciar que sus familiares murieron y están en investigaciones», detalló la fiscal sobre estas nuevas presentaciones.
En cuanto a la inhibición de bienes, Benatti argumentó que busca evitar que se consolide el provecho delictivo de un fraude que se extendió por seis años, tiempo durante el cual la administración pública y entidades privadas le abonaron salarios como profesional médica. La fiscalía señaló que la mujer habría cometido delitos como ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y falsificación de documento público.
Tras escuchar a las partes, el juez Oscar Gatti dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 21 de abril a las 9, momento en el que notificará su resolución sobre la continuidad de la tobillera electrónica y el embargo general de los activos de la mujer investigada.