El Poder Ejecutivo envió al Senado una iniciativa que modifica el régimen de Pensiones No Contributivas, estableciendo que serán incompatibles con cualquier trabajo registrado. El proyecto busca reordenar el gasto público y priorizar la asistencia para quienes acrediten incapacidad total para generar ingresos.
El Gobierno nacional envió al Senado de la Nación un proyecto de Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, impulsado por la Secretaría de Discapacidad. La iniciativa establece la incompatibilidad absoluta entre la percepción de una Pensión No Contributiva (PNC) y el desempeño en cualquier empleo formal registrado.
Hasta el momento, la legislación vigente permite a los titulares de una PNC mantener el beneficio siempre que sus ingresos laborales no superen los dos salarios mínimos. El nuevo proyecto elimina esta posibilidad, obligando a los beneficiarios a optar entre mantener la pensión o ingresar al mercado laboral formal.
Según el texto oficial, la pensión por invalidez laboral responde a una imposibilidad de trabajar, por lo que el empleo formal invalidaría la naturaleza del beneficio. El monto de la prestación se mantendrá equivalente al 70% de la jubilación mínima de ANSES, pero se eliminarán los plus por zona desfavorable o grados específicos de invalidez, estandarizando el monto en todo el país.
Para implementar el cambio, la Secretaría de Discapacidad lanzará un reempadronamiento obligatorio. Los titulares tendrán un plazo de 90 días para actualizar su información médica y socioeconómica. Quienes no cumplan verán suspendidos sus pagos de forma automática.
La fiscalización se realizará mediante un cruce de datos en tiempo real entre la Secretaría de Discapacidad, ANSES y ARCA (ex AFIP). Si se detecta que un beneficiario fue dado de alta en la seguridad social, la suspensión del pago será preventiva e inmediata.
El proyecto también establece que las auditorías serán periódicas y obligatorias. Si un beneficiario deja de cumplir con los requisitos socioeconómicos, como la posesión de bienes que demuestren capacidad económica, la autoridad podrá dar de baja la prestación.
La Secretaría de Discapacidad defiende la medida como un acto de equidad y transparencia, argumentando que busca frenar un crecimiento que considera desmedido en las partidas presupuestarias de las últimas dos décadas. El padrón actual alcanza a aproximadamente 1,2 millones de personas.