El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca dictó sentencia contra Abundio Bogarín Sotelo y Jorge Enrique Cruz, quienes cumplirán prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó a dos hombres por transportar más de un kilo de cocaína en un hecho ocurrido el 26 de febrero de 2022 en el sector conocido como «Puente Viejo», en Viedma. Los imputados, Abundio Bogarín Sotelo y Jorge Enrique Cruz, fueron interceptados por personal de la Delegación de Toxicomanía de la Policía de Río Negro durante un control preventivo.
Gracias a la intervención del can detector «Charly», los uniformados hallaron un habitáculo oculto debajo de las alfombras del vehículo Renault Scenic, donde se escondía un «ladrillo» rectangular con 1.094 gramos de clorhidrato de cocaína. Ambos ocupantes fueron detenidos y el vehículo, junto con sus pertenencias, quedó incautado.
Tras un acuerdo de juicio abreviado entre el auxiliar fiscal Diego Martín Paolini y la defensa pública representada por Gabriela Labat, el juez de cámara Marcos Javier Aguerrido homologó la condena. Para Jorge Enrique Cruz se dictó una pena de 4 años de prisión, mientras que Abundio Bogarín Sotelo recibió 4 años y 3 meses de prisión, además de la declaración de reincidencia por una condena previa de 2018 por comercialización de estupefacientes y tenencia de armas.
El tribunal concedió la modalidad de prisión domiciliaria para ambos condenados, residentes en la Villa 21-24 de Barracas, en CABA. El juez Aguerrido fundamentó que esta medida es excepcional y no automática, basándose en informes socio-ambientales que detallaron realidades familiares extremas. Bogarín Sotelo es el cuidador principal y único sustento económico de sus hijos mellizos de 16 años, ante la inminente emigración de su expareja. Cruz es responsable del cuidado de tres nietos de 14, 11 y 8 años, con patologías de salud que requieren atención constante.
El fallo dispuso el decomiso del vehículo Renault Scenic, el dinero en efectivo y los teléfonos celulares incautados, así como la destrucción inmediata del material estupefaciente, conforme a la Ley 23.737.