Un fallo judicial de San Juan dispuso la continuidad del proyecto Vicuña, el mayor yacimiento de cobre de Argentina, en medio de una disputa con La Rioja que incluye bloqueos y reclamos territoriales.
Un reciente fallo de la Justicia de San Juan ordenó que se reanuden las actividades en el proyecto minero Vicuña, dando lugar a una medida cautelar solicitada por las empresas operadoras del proyecto, BHP y Lundin Mining. La ordenanza ocurre en medio de un conflicto con La Rioja, cuyas repercusiones incluso llegaron al ámbito político.
Vicuña es el mayor proyecto de cobre en Argentina, y es operado por Vicuña Corp., una empresa conformada entre las mineras internacionales BHP y Lundin Mining. Para llevar adelante la operación, se anunció una inversión que en los próximos años podría alcanzar los 18.000 millones de dólares, siendo una de las más importantes en las últimas décadas en el país.
De acuerdo a lo que dictó la resolución judicial, ningún tercero, sea público o privado, puede obstruir o suspender la continuidad operativa del proyecto, dado que este se encuentra habilitado por el Ministerio de Minería de San Juan, que es la autoridad de aplicación correspondiente. La única excepción al caso serían las mismas autoridades de la provincia.
La misma funciona como respuesta a la medida que tomó este mes el gobierno de La Rioja, que elevó un reclamo a la jueza de la Cámara de Chilecito, María Greta Decker, asegurando que la biodiversidad en la región estaba en riesgo a causa de la falta de los estudios de impacto ambiental correspondientes. El pedido fue avalado por la jueza, que ordenó no solo la suspensión del tránsito de camiones y maquinaria por la zona, sino también la paralización del proyecto por 30 días. Para garantizar el cumplimiento del fallo, la policía riojana desplegó retenes en puntos estratégicos para frenar vehículos vinculados al proyecto, con excepción del personal destinado a tareas críticas de cuidado y mantenimiento.
Si bien los yacimientos del emprendimiento, Josemaría y Filo del Sol, están ubicados en San Juan, su acceso más viable y económico se encuentra en La Rioja. Por este motivo, se podría decir que la principal «puerta de entrada» al mismo no se sitúa en el lugar donde se extrae el mineral, sino en su provincia vecina. La orden de bloqueo del tránsito de camiones y maquinaria por las rutas sanjuaninas generó distintas repercusiones desde ambas partes.
En una entrevista con Radio AM750, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, no solo validó la medida del bloqueo, sino que reclamó por la revisión de los límites territoriales. En ese sentido, reclamó por la soberanía sobre la zona donde se encuentra el proyecto Josemaría y sobre el área de Ischigualasto, basándose en que la delimitación entre ambas provincias fue definida durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía en 1968, careciendo de legitimidad institucional. Pidió que se revisen los límites, y sugirió que el Senado de la Nación debería ejercer el arbitraje de esa disputa. «En este momento nosotros tenemos una situación conflictiva con la empresa Vicuña, en el proyecto Josemaría que está enclavado en San Juan en el límite con La Rioja. Ellos utilizaron durante 25 años el camino de La Rioja, nunca dejaron un peso», acusó. Según Quintela, mantuvo conversaciones con la empresa al asumir su gestión, en las que solicitó que se generen puestos de trabajo para la población de la zona, correspondiendo a la proporción correspondiente. «Que San Juan se quede con el 80% y La Rioja con el 20% de los trabajadores», aseguró.
Como respuesta a sus declaraciones, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, declaró mediante sus redes sociales que «los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender con la ley en la mano, siempre». «La jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional. No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años», argumentó el mandatario. En ese sentido, concluyó: «Tenemos respeto por La Rioja y creemos en el diálogo institucional, pero no en debates sin sustento jurídico. La ley es la ley».
Hasta el momento, la medida cautelar de la Justicia de San Juan funciona a modo de respaldo para avalar la operatividad del proyecto Vicuña, ante las órdenes de suspensión provenientes del territorio riojano. Desde Vicuña Corp. se informó mediante un comunicado que continúa operando en pleno cumplimiento de los marcos legales vigentes, al tiempo que impulsa las acciones legales e institucionales necesarias para normalizar el acceso a las operaciones.