El fiscal de El Bolsón envió un oficio al juez federal de Bariloche para investigar posibles delitos federales tras la declaración de un comprador de tierras que afirmó haber recibido una donación de 2 millones de dólares del gobierno emiratí.
El fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, remitió a principios de esta semana un oficio al juez federal de Bariloche informando sobre el pedido de los abogados intervinientes en el juicio por usurpación contra una mujer mapuche absuelta, para que se investigue la posible comisión de delitos de índole federal.
El pedido surge a partir de las declaraciones de Hugo Alberto Barabucci en una audiencia del juicio, realizado en Bariloche contra la mujer mapuche entonces imputada, tras la denuncia del propietario del campo. Barabucci afirmó ante el tribunal que compró en 2017 un campo de 14.689 hectáreas, ubicado en la zona cordillerana de Río Negro, con una “donación sin cargo” de 2 millones de dólares del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.
Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron que Arrien envió el oficio al juzgado federal junto con la copia digitalizada del testimonio de Barabucci y documentación procesal. También comunicaron que el denunciante no quiso impugnar la sentencia del juez Marcelo Álvarez Melinger, que absolvió el 10 de abril a Soledad Cayunao, acusada de usurpación. “Así se lo requirió a sus abogados, que lo comunicaron al fiscal”, indicaron. Desde el MPF aclararon que en delitos con pena de ejecución condicional, la fiscalía no puede apelar sin el consentimiento de la víctima, según el artículo 235 del Código Procesal Penal de Río Negro, por lo que la absolución quedó firme.
Por otro lado, la legisladora provincial del bloque Vamos con Todos, Magdalena Odarda, informó que no recibieron respuesta al pedido de informes presentado el 13 de abril ante el presidente de la Legislatura rionegrina, Pedro Pesatti. Odarda y su bloque solicitaron a Pesatti que gestione ante el Ejecutivo provincial, la Dirección Provincial de Catastro, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Agencia de Recaudación Tributaria, el Departamento Provincial de Aguas, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y la Secretaría de Minería información sobre el origen de los fondos y la documentación respaldatoria de la compra de las tierras por parte de Barabucci.
“No tuvimos ningún tipo de respuesta. Así que esta semana estoy trabajando en un proyecto de ley para derogar la compra de esas tierras por fraude a la ley argentina”, declaró Odarda. Recordó el antecedente de la restitución de más de 24.648 hectáreas de tierras fiscales en la Meseta de Somuncura al patrimonio provincial, mediante una ley sancionada a mediados de 2013 por la Legislatura de Río Negro, que ella impulsó para revertir una venta irregular durante el último gobierno radical.
Los legisladores solicitan que los organismos provinciales indiquen si, según los registros oficiales, el titular del predio identificado como parcela 600.250 de 14.689 hectáreas es Hugo Alberto Barabucci o forma parte del patrimonio del Fideicomiso Amaike. Preguntan si el predio está en cercanías o lindero a las nacientes del río Chubut u otras fuentes de agua, y si se encuentra dentro del área de reserva de la biósfera Unesco. También requieren que se verifique el origen lícito de los fondos de la operación inmobiliaria, y si el Gobierno provincial tiene conocimiento de que el origen de los fondos fue una donación sin cargo del Estado de Emiratos Árabes Unidos a Barabucci.
Además, piden que se indiquen los mecanismos de control implementados por la provincia para descartar que esos fondos estén vinculados a actividades ilícitas como contrabando de divisas, lavado de dinero, narcotráfico o trata de personas, y si se efectuó la denuncia penal correspondiente ante el fuero federal. Solicitan que el Ejecutivo informe si la operación inmobiliaria configura fraude a la ley argentina en materia de protección de tierras rurales y resguardo de integridad territorial en áreas de fronteras, y cuál es el mecanismo de control para garantizar que Barabucci y/o el Fideicomiso Amaike cumplan con la normativa.