La investigación sobre los bienes del vocero presidencial avanza con más de 150 oficios enviados a organismos públicos y privados. Se detectaron compromisos financieros no declarados y pagos en efectivo que la Justicia busca esclarecer.
La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni entró en una fase técnica donde cada documento contradice el relato oficial. Mientras el fiscal Gerardo Pollicita aguarda la declaración jurada actualizada ante la Oficina Anticorrupción, los datos que arrojan los más de 150 oficios enviados a organismos públicos y privados dibujan un estilo de vida que no parece encajar con lo declarado.
El foco de la sospecha no es solo lo que está declarado, sino lo que se pactó de manera informal. Los responsables de la operación inmobiliaria del departamento donde vive el vocero, Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, admitieron una irregularidad: Adorni les debe 65.000 dólares extra, acordados «de palabra», para cubrir refacciones que no figuran en la escritura.
Para la Justicia, el mapa patrimonial del jefe de Gabinete se compone de los siguientes inmuebles y compromisos financieros que hoy están siendo auditados por la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero):
- 200.000 dólares de deuda hipotecaria oficial con dos jubiladas (madres de los desarrolladores inmobiliarios).
- 65.000 dólares «de palabra» admitidos por los vendedores para cubrir reformas en el barrio de Caballito.
- 245.000 dólares del flujo de caja físico que el contratista Matías Tabar asegura haber recibido.
A diferencia de un crédito bancario tradicional, la Justicia rastrea deudas que se mueven por carriles informales o de confianza. La investigación continúa en una fase técnica donde cada papel es cotejado con los movimientos financieros del funcionario.