La comisión de Educación de la Legislatura neuquina dio despacho al proyecto de videovigilancia en establecimientos educativos, con modificaciones que prohíben el reconocimiento facial y establecen una instalación progresiva.
La comisión de Educación de la Legislatura de Neuquén otorgó despacho al proyecto que busca implementar un sistema de videovigilancia en escuelas de gestión pública y privada de la provincia. La iniciativa, presentada a mediados de abril por las diputadas Mercedes Tulián (PRO) y Gisselle Stillger (Arriba), fue modificada en varios artículos antes de recibir el avance hacia las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda.
Según informaron las legisladoras, el texto fue socializado con la ministra de Educación, Soledad Martínez, quien solicitó una aplicación progresiva, comenzando por el nivel medio. La propuesta surgió tras una ola de amenazas y mensajes intimidatorios registrados en abril en escuelas de Neuquén y otras provincias. Tulián señaló que se decidió retomar el tema para prevenir nuevos hechos de violencia, sumándose a una ley sancionada en 2024 que penaliza agresiones contra personal docente.
Brenda Buchiniz (Cumplir), quien acompañó el proyecto, indicó que se incorporaron algunos de sus aportes en la nueva redacción. Entre las modificaciones, se prohibió expresamente el uso de sistemas de reconocimiento facial, se estableció que las cámaras que capten imágenes fuera de los establecimientos estarán conectadas al centro de monitoreo del ministerio de Seguridad y se exigió la colocación de cartelería visible que informe sobre la existencia del sistema de videovigilancia.
El artículo 1 del proyecto define el objeto de la ley como “establecer un régimen de videovigilancia en los establecimientos educativos de gestión pública y privada, destinado a prevenir hechos de violencia y garantizar la protección de la integridad física y psicológica de los estudiantes, docentes y personal no docente”. El artículo 3 señala que la instalación estará “estrictamente prohibida” en sanitarios y en cualquier espacio que afecte directamente la intimidad personal.
La distribución de las cámaras seguirá un criterio progresivo según las prioridades que fije la reglamentación. Como criterio inicial, se dispuso la cobertura total de las salas de nivel medio, extendiéndose gradualmente a los demás niveles hasta alcanzar la totalidad de los establecimientos. La autoridad de aplicación será el ministerio de Educación, en coordinación con el ministerio de Seguridad y el Consejo Provincial de Educación.
Otro cambio introducido fue la ampliación del plazo para reglamentar la ley, que pasó de 90 a 180 días en la versión con despacho. Consultada sobre la opinión del gremio docente ATEN, Tulián afirmó que se solicitó opinión por escrito a todas las partes y que aún están a tiempo de hacerlo. El proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda para continuar su trámite legislativo.