Dos bloques del peronismo presentaron un pedido de informes en la Legislatura de Río Negro para conocer el estado del sumario disciplinario contra la fiscal jefe de Bariloche, Betiana Cendón, acusada de acoso laboral y maltrato.
Los bloques PJ Nuevo Encuentro y Vamos con Todos presentaron en la Legislatura rionegrina un pedido de informes sobre el sumario abierto en noviembre pasado contra la fiscal jefe de Bariloche, Betiana Cendón, por presunto acoso laboral y maltrato. Los detalles del proceso permanecen en reserva y no se ha definido una fecha de resolución en el Consejo de la Magistratura.
El legislador José Luis Berros encabeza la lista de nueve legisladores que formularon el planteo dirigido al presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, para que lo traslade al Consejo de la Magistratura. El cuestionario incluye preguntas sobre los testigos citados y sobre el vencimiento del plazo de instrucción del sumario, encomendado al legislador Juan Murillo Ongaro (PRO) para examinar la conducta de Cendón.
El sumario comenzó en noviembre pasado y debía completarse en 90 días hábiles prorrogables por un lapso similar. Hasta la fecha no se ha concluido y el Consejo no aprobó una extensión de los plazos. Los legisladores también preguntan si Cendón continúa en funciones o si fue suspendida de forma preventiva —medida que la Magistratura rechazó en dos oportunidades— y si se aplicó el “protocolo de prevención y protección frente a la violencia laboral en el ámbito del poder judicial”.
Las primeras denuncias contra Cendón por maltrato laboral datan del 9 de septiembre. Entre los denunciantes se encuentran el fiscal Guillermo Lista, los fiscales adjuntos Álvaro Viterbori y María Fernanda Orticelli, la defensora penal adjunta Mónica Goye, el jefe de División Germán Torres y el exfiscal Tomás Soto.
La abogada patrocinante de los denunciantes, Carla Orticelli, señaló que las declaraciones de los denunciantes y de una treintena de testigos están pendientes. En cambio, Murillo Ongaro tomó declaración a 40 testigos aportados por la defensa. En un escrito presentado hace dos semanas, los denunciantes afirmaron que “resulta jurídicamente inaceptable y una verdadera burla al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de las víctimas que la Instrucción pretenda dar por concluida la investigación y emitir un dictamen final habiendo escuchado a más de 40 personas seleccionadas unilateralmente, mientras silencia de manera sistemática a las víctimas”.
Orticelli indicó que hicieron “reserva de nulidad absoluta” de lo actuado hasta ahora para exigir que se escuche a las víctimas. Sostuvo que el sumario presenta “irregularidades” y que “se parece mucho a los viejos procesos de instrucción penal”, donde la información permanecía vedada bajo “secreto de sumario”.
El legislador Murillo Ongaro declaró a este medio que no podía revelar detalles y calculó que “a mediados de junio” presentará su dictamen final. Anticipó que no pedirá prórroga y dijo estar al tanto del pedido de informes presentado por el kirchnerismo, sin formular comentarios.
Orticelli consideró que el tratamiento en la Legislatura podría ayudar a “revertir la falta de transparencia” observada en el caso. Los legisladores buscan que se permita la participación como “veedores y observadores” a la APDH, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, el Sitrajur y la Asociación Civil de la Defensa Pública (Adepra).