La primera auditoría en profundidad de la nueva gestión municipal en Catriel derivó en una denuncia penal por malversación de fondos que involucra a funcionarios salientes y a una empresa de Córdoba. El detonante fue la búsqueda de una camioneta de la flota municipal que estaba desaparecida.
La documentación y algunos testimonios clave llevaron la búsqueda a Córdoba. Hallaron el vehículo en un taller de la firma Incisa empresa de Córdoba que llamativamente ganó un concurso para una obra pública en Catriel.
Fuentes extraoficiales sostienen que el vínculo viene del exintenente y diputado provincial Carlos Johnston. El municipio recuperó la camioneta y además inició una demanda penal contra la compañía y la gestión de Viviana Germniaer por violar la ley de licitaciones.
Según explicó la asesora legal del municipio, Carola Ontiveros, no se respetó el artículo 8 y además se ajustaron varios sobreprecios por fuera de la normativa.
La licitación que se adjudicó en marzo pasado a la empresa Incisa tenía un presupuesto de 198 millones de pesos, pero la firma ofertó 278. Según explicó Ontiveros el artículo 8 de la ley sostiene que la licitación debe quedar desierta si la oferta está por encima del presupuesto.
Finalmente, en una maniobra que para la letrada está por fuera de la ley, se adjudicó el trabajo por 254 millones, un 30% del presupuesto municipal.
En el periodo entre la adjudicación y el fin de obra que se anunció en diciembre pasado, hubo cinco reajustes, todo de ellos ilegales, según explicó Ontiveros.
La exintendenta Viviana Germanier inauguró la obra el 8 diciembre, dos días antes de dejar el mandato. Se trató de una la obra pública de pavimentación y construcción de cordón cuneta en la transitada intersección de la calle Birmania y Rosario por supuestas irregularidades.
Ese hecho que contó con la participación del arco político oficialista de turno generó la renuncia de la por entonces secretaria de Obras Públicas Yanina Alaniz, quien aseguró que los trabajos no estaban finalizados.
Un mes después, y tras la primera auditoría municipal, se inició una demanda penal que deberá investigar la fiscal de Catriel Analía Diaz.