Uno de los «brokers» que habría participado de las operaciones con los seguros que contrataba la Anses para otorgar créditos a jubilados, en el marco de las maniobras que podrían haber dado origen a otra «caja negra» de la política, tenía un fluido vínculo con Alberto Fernández al que incluso invitó a una «fastuosa» fiesta realizada unos meses antes de su asunción en la Casa Rosada.
Se trata de Héctor Martínez Sosa, el marido de la secretaria del expresidente, Ana María Cantero, y que habría sido uno de los intermediarios de las operaciones de las cuentas de Nación Seguros que reveló este diario el último domingo. Se trata de un productor de seguros de alto perfil que, según fuentes del sector, incluso contrató cartelería publicitaria en los accesos a la Capital Federal.
Las sospechas sobre su participación en las operaciones, y las de otros «brokers», llevó en julio del año pasado al diputado Martín Tetaz a presentar un pedido de informes en la Cámara Baja. El dirigente radical pretendía saber si, además, este agente era intermediario de la cuenta de Gendarmería Nacional, una de las más grandes por el alto valor de las primas por tratarse de una actividad de riesgo, y por ello también requirió saber si ésta pasó de ser administrada de la aseguradora del Banco Nación a Provincia ART.
Lo cierto es que Tetaz aún no obtuvo ninguna respuesta oficial. Al legislador radical le pareció sugerente que con la actual administración un funcionario de Nación Seguros como Mauro Tanos, que hasta el 10 de diciembre pasado tenía vinculo con los productores que participaban de las operaciones y luego cobraban las altas comisiones, haya sido ascendido a gerente general de la firma estatal.
Uno de ellos sería Martínez Sosa, que supo construir un vínculo estrecho con Alberto Fernández: el expresidente en los años ´90 había conducido la Superintendencia de Seguros. En su última declaración jurada antes de abandonar la Casa Rosada, de hecho, el ex mandatario reportó una deuda a favor del mencionado productor por $102.240.
Según pudo averiguar este diario en fuentes «albertistas», meses antes de desembarcar en Balcarce 50 fue invitado por Martínez Sosa a una quinta de la zona oeste del Gran Buenos Aires, en la que se celebró un fastuoso evento. En el parque de la quinta hasta se dispuso de un fuentón al estilo romano que almacenaba frutas con un sistema de refrigeración para mantenerlas «frescas».
En aquella ocasión se degustaron al aire libre pequeños bocados servidos en platillos -lo que pretenciosamente se denomina «finger food»- en medio de una animada charla. Eran momentos de felicidad para la campaña del FDT: los 16 puntos de ventaja que había obtenido en las PASO el entonces candidato lo depositaban virtualmente en el sillón de Rivadavia.
En este contexto, el actual gobierno de Javier Milei aún no se pronunció oficialmente sobre un tema al que considera «delicado». No obstante, un colaborador del Presidente anticipó un corte al sistema detectado por el extitular de la Anses Osvaldo Giordano. El dirigente cordobés suspendió los contratos de seguros previo a dejar el cargo del que fue corrido por el propio Milei después de que su pareja, la diputada Alejandra Torres, votara contra algunos artículos de la fallida Ley Ómnibus.
Aún no se conocen detalles de la investigación iniciada sobre el mecanismo surgido a partir de un decreto firmado por Alberto en 2021, que obligaba a los organismos del Estado a contratar exclusivamente a Nación Seguros para confeccionar pólizas en las que después, se supo, intervinieron productores que cobraban suculentas comisiones.
Cerca del economista cordobés, que también continúa en silencio, adujeron que decidieron cancelar los contratos del organismo de la seguridad social «por un tema de costos», es decir, en los montos y primas que cobraban estos «brokers».
El escándalo también generó repercusiones en las aseguradoras privadas. Gabriel Bussola, presidente de Libra Seguros, admitió la existencia de «brokers» que operan con organismos estatales. «La irregularidad está en que intermedian en operaciones entre dos institutos del Estado, cobrando una alta comisión, sin la formalidad de haber sido seleccionados en una licitación», explicó a este diario.