“¿El doctor Lijo puede ser juez, pero no juez de la Corte? Si no puede ser juez, no puede ser juez en ninguna instancia. Entonces, es un poco contradictorio”, dijo en las últimas horas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las más fieles defensoras de todas las propuestas que lleva adelante el gobierno que integra. Bullrich no es la única, existen muchos dirigentes del Pro, los llamados “radicales con peluca”, algunos “peronistas acomodaticios”, como así también algunos comunicadores, analistas y actores de la política cotidiana que dieron a luz, con sus acciones y opiniones, un nuevo grupo de ejercicio político que se suma al nutrido y variado mapa gubernamental argentino: los republicanos selectivos.
Si bien existen otras posturas públicas donde se observa un cambio de opinión y una justificación de los “desbordes institucionales” del gobierno de Javier Mieli, lo de Bullrich es muy llamativo porque era una de las dirigentes que enarbolaban la bandera del republicanismo con la que medía, de modo acertado, al peronismo en todas sus etapas de gobierno en los últimos 20 años. Hoy no utiliza la misma vara para analizar al gobierno libertario.
Ariel Lijo representa lo que los argentinos no queremos en nuestra justicia, no es un hombre de derecho con antecedentes académicos notables, y su forma de actuar como juez federal, pisando indefinidamente y postergando las investigaciones judiciales en varias causas de corrupción kirchnerista, se suma a las justificadas sospechas de enriquecimiento patrimonial que se mezclan con las actividades de su hermano, conocido “operador judicial”. Todo esto hace que los verdaderos republicanos lo vean como uno de los peores candidatos a integrar la Corte Suprema de la Nación.
Con la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte por Decreto, el gobierno toma un atajo que está previsto en la Constitución, pero para ser aplicado en condiciones excepcionales, y ésta claramente no lo es. Además, el gobierno cita como ejemplo, para justificar su decisión, la designación de los actuales jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que fueron nombrados en comisión por Mauricio Macri por medio del Decreto N° 83 del 14 de diciembre de 2015, aunque posteriormente, y gracias a la intervención de Elisa Carrió y un grupo de dirigentes de Cambiemos, que hicieron revisar y cambiar esa postura al entonces presidente Macri, meses después ambos candidatos fueron nombrados conforme al procedimiento establecido en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, tras el escándalo que generó en la opinión pública su designación por DNU. Y lo hicieron con la mayor cantidad de votos reunidos en el Senado en la historia: Rosenkrantz 58 y Rossatti, 60. Poner como ejemplo esa designación es mentir, lisa y llanamente.
Si Cristina Kirchner, Néstor Kirchner o Alberto Fernández hubiesen nombrado jueces en la Corte Suprema por decreto estos “republicanos selectivos” hubiesen puesto algo más que el grito en el cielo y no dudarían en llamar “autoritario” o “jueces de facto” a quienes se optara para el cargo. Reitero, hubiesen tenido razón. En cambio, hoy prefieren “tirarse sobre la granada” para ponerle el cuerpo a estos desvíos institucionales de un Presidente que parece demostrar día a día que no siente apego por la Constitución y no le cuesta irrespetar la institucionalidad. Viniendo de un economista que se precia de ser el mejor en lo suyo, es incomprensible que no entienda que la calidad institucional de un país habituado a las reglas de juego cristalinas y justas es el mayor atractivo que puede tener un inversor extranjero a la hora de evaluar su plan de negocios. La falta de independencia y transparencia de la justicia sería, por el contrario, el mejor escenario para quien busque hacer negocios ilícitos. ¿Se está buscando eso?
Hoy, los “republicanos selectivos”, que se desgarraban las vestiduras públicamente frente a los oprobios que el kirchnerismo infligía a la institucionalidad, miran para otro lado frente al abuso de los Decretos de Necesidad y Urgencia, los insultos y agravios a sectores críticos de parte del Presidente, sus denuncias generalizadas, nunca personalizadas, hacia periodistas, empresarios, economistas, entre otros, a quienes acusa de cometer delitos como el de recibir “sobres” y operar contra su gobierno. Demuestra así tener conocimiento de un ilícito, pero sin denunciarlo como corresponde, lo que extiende ese silencio cómplice a la designación por decreto de jueces a la Corte Suprema, con el ingrediente que uno de ellos es Ariel Lijo, con todo lo que eso significa.
No sorprende, en estos últimos días los que defienden la república selectivamente se limitaron a decir que solo “fue un error” y votaron en contra en el Senado la conformación de una Comisión que investigaría el caso de la criptomoneda $LIBRA, lo que la revista de negocios Forbes llamó “el robo cripto más grande de la historia” y que involucra directamente al presidente Javier Milei, investigado por la justicia argentina, la de Estados Unidos, España y seguramente en otros países a medida que los supuestos estafados hagan la denuncia pertinente.
Pero hay una alerta esperanzadora, una sensación de que a un sector importante del electorado le importan los valores republicanos por sobre la conveniencia oportuna de algunos políticos también oportunistas. Son aquellos que se opusieron a esas prácticas cuando gobernaba el kirchnerismo y lo hacen también hoy, cuando los libertarios actúan de la misma manera, los que no se ciegan frente al fanatismo y a los que no se los convence solo con un dólar barato. Ese sector de la sociedad, convertido en un polo crítico del poder de turno, es el que está demostrando -y quizás con el correr del tiempo lo haga aún más- que no existe ningún cambio en la política argentina si se reemplazan nombres y partidos políticos y se actúa con los mismos modos y actitudes que caracterizan a los populismos. Son los que no se fanatizan ni con Cristina ni con Milei y sostienen su independencia de criterio. El país necesita más de ellos.
Porque como sentenció el célebre escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autor de la novela El Gatopardo, “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.
Lamentablemente es esa paradoja la que se respira en la política argentina de hoy.
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