La Justicia Federal destruyó estupefacientes secuestrados en más de 200 causas en un operativo realizado en la Planta de Residuos II de la ciudad.
La Justicia Federal llevó a cabo este martes una incineración de estupefacientes en la Planta de Residuos II de General Roca. El procedimiento concentró droga secuestrada en numerosas investigaciones de la región y contó con la presencia de autoridades judiciales y fuerzas de seguridad.
Según informaron los fiscales a cargo, se destruyeron 874 plantas y plantines de marihuana, junto con 43,343 kilogramos de cannabis en cogollos y picadura. El material incinerado corresponde a 236 legajos fiscales que ya fueron finalizados o presentan un alto grado de avance, todos dentro de la jurisdicción de General Roca.
El fiscal de distrito Fernando Arrigo explicó que la elección del predio respondió a criterios ambientales y de seguridad, ya que el terreno está preparado para evitar filtraciones y no contamina las napas. El operativo se realizó en cumplimiento del artículo 30 de la Ley 23.737, que establece la destrucción de estupefacientes por su carácter contaminante y tóxico.
«La destrucción es inmediata porque lo impone la ley de estupefacientes y porque el material orgánico tiene una capacidad contaminante en corto lapso de tiempo», precisó el fiscal federal Matías Zanona. Agregó que se busca acelerar estos procesos para deshacerse del material lo más rápido posible.
Por su parte, la fiscal María Claudia Frezzini, a cargo de la Unidad Fiscal de General Roca, destacó que esta fue la tercera quema desde noviembre de 2024 y que refleja el trabajo articulado de distintas áreas del Ministerio Público Fiscal. Aclaró que en esta instancia solo se incineró cannabis, ya que otras sustancias, como la cocaína, requieren métodos distintos para su destrucción.
El fiscal Sebastián Gallardo detalló que su área acumula alrededor de 650 legajos en trámite, por lo que los 236 casos incluidos en esta quema representan solo una parte. El resto de las investigaciones continúan en curso y podrían derivar en futuras incineraciones.
Este tipo de operativos marca el cierre del circuito judicial de las causas vinculadas al narcotráfico. La eliminación definitiva de la droga secuestrada evita su reutilización y reduce riesgos ambientales y sanitarios.