María Eugenia Martini fue absuelta en Bariloche. El proceso judicial, que investiga a exintendentes por el programa de vivienda, acumula tres fallos favorables a los acusados por falta de pruebas contundentes.
El tercer juicio oral de la megacausa Techo Digno en Río Negro concluyó esta semana con la absolución de la exfuncionaria barilochense María Eugenia Martini (PJ). Este es el tercer fallo que favorece a los imputados, lo que ha reducido el impulso inicial que el Ministerio Público Fiscal le había dado a una quincena de expedientes que se tramitan desde hace ocho años.
Martini fue la dirigente vinculada por más tiempo a una de estas causas, ya que el caso de Bariloche comenzó en el ámbito federal en 2015, hasta que el juez Claudio Bonadio remitió todas las actuaciones a la justicia rionegrina en 2018, junto con los expedientes de Cipolletti, Sierra Grande y Río Colorado.
Hasta el momento, con las absoluciones de Gustavo Gennuso (JSRN), Omar Reggioni (PJ) y ahora Martini, han intervenido una docena de jueces. Tanto los magistrados de juicio como el Tribunal de Impugnación, que a mediados de marzo ratificó la sentencia del primer juicio en Bariloche, coincidieron en que la prueba presentada por los fiscales era insuficiente para sostener una condena por administración fraudulenta o peculado. Los fallos destacan que no se logró certificar que los exintendentes se hayan beneficiado personalmente con fondos públicos.
El proceso judicial pierde fuerza. Recientemente, una jueza de General Roca ni siquiera validó la reformulación de cargos contra el exintendente de Godoy y actual legislador Luis Ivancich (PJ), por considerar que faltaban elementos para convalidar los delitos propuestos por el Ministerio Público. En su sentencia, la jueza María Gadano señaló que «no es todo lo mismo», aludiendo a falta de precisiones de los fiscales. En el fallo absolutorio de Martini, el juez Marcos Burgos indicó que «no es suficiente una mera irregularidad o incumplimiento formal» y concluyó que las deficiencias administrativas no constituyen delito.
En toda la provincia aún quedan 13 exintendentes de distintos partidos políticos imputados, algunos en funciones públicas, por lo que se deberán tramitar desafueros. Los exjefes comunales de Sierra Grande, Renzo Tamburrini (PJ) y Nelson Iribarren (Cambiemos), irán a juicio en mayo, mientras que el caso de Carlos Pilotti (PJ-Río Colorado) está en etapa de control de acusación. Otros, como el diputado nacional y exintendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello (LLA), y su antecesor Abel Baratti (PJ), buscan la prescripción de las causas, un planteo ya descartado por otros jueces en casos similares y que ahora está en manos del Tribunal de Impugnación.
La continuidad de estos expedientes es relevante para los dirigentes que aspiran a seguir en la escena pública, debido a la nueva Ley de Ficha Limpia, aprobada en diciembre de 2024. Esta ley establece 25 años de inhabilitación para condenados por delitos contra la administración pública, lo que podría afectar sus carreras políticas si hubiera una sentencia en segunda instancia en su contra.
Varios imputados, así como el Partido Justicialista, han señalado públicamente que perciben un interés político detrás del avance de estas causas. Gustavo Gennuso, ya absuelto y aún integrante del partido de gobierno, ha sido uno de los más enfáticos, sugiriendo que desde el oficialismo se habría buscado frenar su continuidad en la política.