La Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de frenar la aplicación de los artículos que establecen la actualización automática de salarios y becas según inflación.
El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que establecen la actualización automática de salarios y becas universitarias según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde diciembre de 2023.
La ley, ratificada en dos oportunidades por el Congreso, busca recomponer el poder adquisitivo del sector universitario. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo argumentan que la norma «no prevé una fuente de financiamiento» específica, considerando su aplicación imposible en las condiciones actuales. La presentación del recurso se enmarca en una estrategia para dilatar los plazos de cumplimiento.
De agotarse las instancias judiciales, el Gobierno se vería obligado a transferir aproximadamente $2,5 billones a las universidades nacionales. Fuentes oficiales señalaron que no se dispone de los fondos necesarios para cumplir con lo estipulado, lo que, según su visión, podría generar un retorno del déficit fiscal.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en septiembre de 2025 tras el rechazo parlamentario al veto presidencial, impulsada por una coalición opositora. La normativa obliga a actualizar los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023, además de las becas estudiantiles.