El ciudadano ruso Konstantin Rudnev, detenido hace más de un año en Rawson por presunta trata de personas, fue trasladado a Buenos Aires para cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico, según dispuso el Tribunal de Revisión.
El ciudadano ruso Konstantin Rudnev (57) dejará en las próximas horas la prisión preventiva que cumple en Rawson para ponerse a disposición del arresto domiciliario en Buenos Aires. La medida, dispuesta por el Tribunal de Revisión, se produce tras más de doce meses de detención en una causa por presunta trata de personas con fines sexuales.
El abogado defensor, Martín Sarubbi, cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal al cumplirse un año del inicio de las actuaciones. “Después de un año de investigación no apareció una sola prueba nueva”, afirmó el letrado, señalando que el cambio de régimen de detención es un reflejo de la debilidad del expediente.
Uno de los puntos críticos planteados por Sarubbi en la última audiencia es el pedido de prórroga de la investigación. “¿Por qué se necesita otro año más si en doce meses no se hizo nada? No hay cambios, no hay hechos nuevos, no hay evidencia concreta”, planteó. Además, calificó como un uso ineficiente de los recursos del Estado el despliegue realizado: “Ya se gastó un año de presupuesto. Ese dinero debería destinarse a salud o educación en lugar de un despliegue excesivo de fuerzas de seguridad para un caso sin pruebas”.
La defensa sostiene que Rudnev es en realidad una víctima cuyos datos personales fueron utilizados sin su consentimiento. Según Sarubbi, los elementos materiales que inicialmente parecían incriminarlo fueron descartados por las pericias oficiales. Explicó que los medicamentos secuestrados, que la fiscalía intentó presentar como drogas, no eran sustancias ilícitas y ni siquiera estaban vinculados a Rudnev. También expuso que no existe evidencia que conecte al imputado con los domicilios investigados; los contratos de alquiler y registros figuran a nombre de terceros.
La defensa remarcó que la supuesta víctima del caso negó haber sido víctima de una situación violenta o de abusos, un dato que —según denuncian— fue omitido en los planteos fiscales. Sarubbi también apuntó a una desigualdad de trato procesal respecto a otros imputados que poseen vínculos más directos con los hechos y, sin embargo, permanecen en libertad con presentaciones quincenales. “No tiene sentido que solo se le atribuya riesgo de fuga a él”, argumentó.
Finalmente, la defensa desestimó la existencia de una red transnacional. “No hay ninguna prueba de que exista una organización. No hay jerarquías, no hay coordinación ni causas abiertas en otros países. No se puede hablar de organización internacional solo porque hay ciudadanos extranjeros”, concluyó el abogado.
Con el traslado a Buenos Aires bajo monitoreo electrónico, la causa entra en una etapa decisiva donde la fiscalía deberá demostrar si cuenta con elementos reales para elevar el caso a juicio o si, como sostiene la defensa, la acusación se encamina al sobreseimiento por falta de fundamentos.