El Ejecutivo nacional definió un nuevo esquema para destinar parte de los fondos obtenidos por privatizaciones y concesiones estatales al equipamiento militar, infraestructura y modernización operativa de las Fuerzas Armadas. La medida será oficializada por decreto.
El Gobierno de Javier Milei definió un nuevo esquema para financiar a las Fuerzas Armadas con parte de los recursos obtenidos por privatizaciones y concesiones estatales. La medida será oficializada por decreto y prevé destinar fondos para equipamiento militar, infraestructura y modernización operativa en distintas áreas de Defensa.
Según información oficial, el decreto ya atravesó las principales instancias técnicas y administrativas. El esquema contempla asignar el 10% de los ingresos generados por futuras privatizaciones y el 70% de lo recaudado por ventas o concesiones de bienes pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
La iniciativa apunta a reforzar la capacidad operativa del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. En la Casa Rosada sostienen que la decisión responde a la necesidad de fortalecer áreas vinculadas con defensa, control marítimo y vigilancia de fronteras.
La propuesta fue impulsada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti. Fuentes oficiales señalaron que el texto recibió observaciones favorables del ministerio de Economía y de la Secretaría Legal y Técnica antes de quedar listo para la firma presidencial.
Hasta ahora, los recursos generados por ventas de activos estatales eran destinados al Tesoro Nacional. Con el nuevo mecanismo, parte de esos ingresos quedará afectada al financiamiento militar y a proyectos de infraestructura considerados prioritarios por el oficialismo. Entre las obras incluidas aparece la base integrada proyectada en Tierra del Fuego.
En el Gobierno consideran que la provincia tiene un valor estratégico por su cercanía con el Atlántico Sur, la Antártida y el área de Malvinas. La administración libertaria sostiene que el nuevo esquema permitirá avanzar con obras en hangares, bases, arsenales, pistas aéreas y sistemas logísticos. También prevé inversiones en comunicaciones y modernización edilicia de instalaciones militares.
El anuncio llega después de la compra de aviones F-16 Fighting Falcon a Dinamarca, presentada por el Gobierno como una de las operaciones militares más importantes de las últimas décadas. La adquisición abrió además un proceso de inversión en entrenamiento, simuladores y mantenimiento. La Fuerza Aérea busca recuperar capacidad supersónica tras la salida de servicio de los Mirage.
El plan oficial también contempla nuevas inversiones para sostener la operatividad de las aeronaves y reforzar la infraestructura aérea. El Ejército Argentino avanzó además con la incorporación de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos. En Defensa entienden que esas compras deben complementarse con mejoras en transporte, comunicaciones y despliegue terrestre.
La Armada Argentina mantiene entre sus prioridades recuperar la capacidad submarina perdida tras la tragedia del ARA San Juan. La posibilidad de incorporar nuevos submarinos continúa bajo evaluación técnica y financiera.
El programa de privatizaciones incluye empresas energéticas, concesiones y activos habilitados por la ley Bases. Una de las operaciones recientes fue el avance sobre la venta de la participación estatal vinculada a Transener, empresa clave del sistema eléctrico.
El decreto también establecerá que cuando se vendan inmuebles o activos bajo órbita militar, el 70% de lo recaudado volverá al área de Defensa. En las Fuerzas Armadas sostenían desde hace años el reclamo de reinvertir esos recursos para evitar descapitalización operativa.
Fuentes oficiales señalaron que uno de los desafíos será garantizar el sostenimiento de los sistemas adquiridos. El Gobierno reconoce que las incorporaciones requieren mantenimiento, capacitación, actualización tecnológica y provisión permanente de repuestos.