Tras décadas de crisis, el país enfrenta cambios estructurales que marcan un giro en su rumbo económico.
Por Agustín Etchebarne (Fundación Libertad y Progreso)
Después de ochenta o cien años de decadencia, la Argentina parece estar entrando en su punto de inflexión. No porque los problemas hayan desaparecido ni porque el éxito esté garantizado, sino porque, por primera vez en décadas, el país ataca simultáneamente las causas profundas de su fracaso: el déficit fiscal crónico, el exceso de gasto público, los altos impuestos, la emisión monetaria, el estatismo regulatorio, el aislamiento comercial y la inseguridad jurídica.
El gobierno de Javier Milei recibió un país en colapso económico, culminando la última fase de un proceso hiperinflacionario. La inflación de 2023 cerró en 211,4% anual, con diciembre marcando 25,5% mensual en precios minoristas y 54% en mayoristas. El Banco Central estaba técnicamente quebrado: patrimonio neto negativo, activos insuficientes frente a una deuda tres veces la base monetaria y tasas del 254%. El déficit fiscal consolidado hacía imposible cualquier estabilización. No era una recesión ordinaria, sino el agotamiento final de un régimen.
El riesgo país durante el gobierno de Alberto Fernández llegó a 2.600 puntos básicos y empezó a bajar cuando el mercado descontaba el fin del ciclo kirchnerista. No era magia: era el precio anticipado de un cambio de régimen.
La primera y más importante decisión del nuevo gobierno fue cambiar el eje. En lugar de administrar la decadencia, se atacó el corazón del problema: el gasto público. Desde el primer mes se redujo cerca de 25% el gasto primario real, se eliminaron subsidios, se recortaron transferencias discrecionales, se frenó la obra pública deficitaria, se achicaron ministerios y se juramentó alcanzar el superávit fiscal. Ese fue el verdadero punto de quiebre. La Argentina pasó de financiar el déficit con emisión e inflación a lograr superávit fiscal financiero sostenido.
El resultado fue rápido: menor emisión y una señal potente al mercado de que el programa era serio. La inflación cayó a la zona del 32% interanual en apenas dos años. No es todavía inflación de país normal, pero representa un cambio de régimen. Hoy se discute si la de los próximos doce meses puede acercarse al 24%. Ese cambio de conversación es, en sí mismo, una señal del umbral que atravesamos.
El saneamiento del Banco Central fue el segundo pilar. Se redujo drásticamente el peso de los pasivos remunerados y se avanzó hacia una política monetaria menos explosiva. Se desarmó casi totalmente la bomba de déficit, emisión, cepo, controles y destrucción de la moneda, y se hizo respetando el derecho de propiedad, sin confiscaciones, plan Bonex ni pesificación asimétrica.
La tercera pata fue la desregulación. El Decreto 70/23, la Ley Bases, la eliminación de trabas y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) cambiaron la señal al sector privado. Durante décadas el empresario debía pedir permiso para casi todo. El nuevo mensaje es claro: invertir, producir y exportar vuelven a ser actividades legítimas y protegidas.
El RIGI, complementado con la Ley de Glaciares, es especialmente importante porque busca resolver uno de los dramas argentinos: la falta de reglas estables para proyectos de largo plazo. Energía, minería e infraestructura requieren inversiones que maduran en diez, veinte o treinta años. Los anuncios de inversión que ya se acercan a los 100.000 millones de dólares, aunque recién comienzan a ejecutarse, muestran que la Argentina volvió al radar mundial del capital.
En este contexto aparece el verdadero momento bisagra. La Argentina no solo está estabilizando: está cambiando su función de producción. Puede volver a crecer porque se liberan a los sectores capaces de generar dólares genuinos: campo, energía, minería, economía del conocimiento y, potencialmente, infraestructura tecnológica para inteligencia artificial.
El campo sigue siendo un motor natural. Los buenos rindes de la cosecha gruesa ya impulsaron la recuperación desde abril. La energía cambió de signo: Vaca Muerta convirtió al país en exportador neto de hidrocarburos. En un mundo con tensiones geopolíticas, tener gas y petróleo exportables es una ventaja económica y estratégica.
La minería es el tercer vector. Cobre, litio, oro y tierras raras pueden transformar a doce provincias relegadas. El RIGI puede ser para la minería argentina lo que la ley Minera fue para Chile: la clave institucional para convertir recursos en riqueza, empleo y exportaciones.
Además, surge un capítulo nuevo: los data centers. La Argentina reúne vientos patagónicos para energía eólica barata, shale gas, territorio amplio, enfriamiento natural, potencial nuclear, talento humano y ubicación geopolítica favorable. El proyecto anunciado por OpenAI y Sur Energy por hasta 25.000 millones de dólares puede ser el primer indicio de que el país se posiciona en la economía del futuro.