La provincia de Neuquén y la petrolera Pampa Energía suscribieron un acuerdo transaccional que pone fin a un litigio de casi 15 años por la concesión del bloque Veta Escondida, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
La provincia de Neuquén y la empresa Pampa Energía firmaron un «acuerdo transaccional» para resolver un prolongado conflicto por la concesión del área Veta Escondida, que fue revertida hace casi 15 años y derivó en una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial el jueves pasado, aunque se había firmado en marzo con representantes de la compañía, actual operadora en Vaca Muerta, y la Fiscalía de Estado.
Según el decreto 605/26 firmado por el gobernador Rolando Figueroa, ambas partes se comprometieron a «poner fin y renunciar a realizar cualquier reclamo relacionado a los conflictos vinculados» con el área Veta Escondida. La disputa se remonta a 2012, cuando el Gobierno provincial de entonces dio de baja la concesión del bloque, que en ese momento tenía como titulares a Petrobras y Total.
Tras la salida parcial de Petrobras de Argentina, su participación quedó en manos de Pampa Energía, que retomó el reclamo contra la decisión provincial y solicitó que se dejara sin efecto el decreto 0563/12 que autorizó la reversión. El argumento del Gobierno neuquino en aquel momento fue la falta de inversiones y el incumplimiento de obligaciones sobre el bloque, concesionado en 1992 y prorrogado en 2008.
El conflicto se judicializó poco después. Pampa recurrió a la Corte Suprema con una acción de amparo y una medida cautelar, que obtuvo visto bueno del tribunal al reconocer su competencia y solicitar a Neuquén que se abstuviera de cumplir el decreto de caducidad. En 2023, Total y Pampa solicitaron la reversión de la concesión de Veta Escondida y la cesión de acciones sobre el área Rincón de Aranda en Vaca Muerta. La Provincia dio curso al pedido y requirió documentación sobre tasas, estado del área y planes de abandono.
El acuerdo establece la renuncia a cualquier reclamo relacionado con la declaración de caducidad del yacimiento convencional, la revocación del decreto de 2012, la conclusión del proceso de reversión y el desistimiento de la acción judicial por parte de Pampa. La empresa asumió la obligación de realizar, a su costo y riesgo, el abandono de pozos e instalaciones y la remediación de pasivos ambientales antes del 31 de diciembre de 2027.
En los considerandos, el Ejecutivo citó el artículo 1641 del Código Civil y Comercial, que define la transacción como un contrato para evitar un litigio o ponerle fin mediante concesiones recíprocas. El Gobierno destacó que el acuerdo evita «la conclusión de un proceso judicial de incierto resultado y potenciales disputas legales, estableciendo los términos para resolver las diferencias de manera aceptable».