La cuarta Marcha Federal Universitaria se realizó este martes en Neuquén con una masiva convocatoria. Docentes, estudiantes y sindicatos exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Este martes se llevó a cabo la cuarta Marcha Federal Universitaria en Neuquén, con una concentración que comenzó a las 17:30 en el playón de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Pasadas las 18, las columnas avanzaron por la Avenida Argentina hasta la Avenida Mosconi y luego hacia el monumento al General San Martín, donde se realizó el acto de cierre.
La movilización fue encabezada por agrupaciones de trabajadores y estudiantes de la UNCo, y contó con la participación de sindicatos como ATEN, Ctera, CTA, Sadop y la CGT regional. Según reportaron los organizadores, la concurrencia superó las 30.000 personas, cifra mayor a la registrada en la primera marcha universitaria.
“Vuelve la universidad a las calles por la Ley de Financiamiento Universitario; hace 200 días que el Gobierno Nacional no cumple la ley”, declaró la rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, en la previa de la marcha. Gentile informó que entre 2024 y 2025 renunciaron 275 docentes y no docentes, mientras que la matrícula de estudiantes aumentó. “Tenemos más estudiantes, pero tenemos que reducir la cantidad de comisiones y franjas horarias”, explicó, y agregó que “ni un docente o no docente ha sido cesanteado; se están yendo por la falta de compromiso y financiamiento del gobierno nacional”.
En el acto de cierre, Fany Mansilla, referente de ATEN, leyó un documento conjunto que señaló: “Las consecuencias de este incumplimiento están empujando a las universidades a una situación cada vez más crítica, comprometiendo su presente y poniendo en riesgo su futuro”.
En la antesala de la marcha, el Gobierno nacional formalizó, a través de la Decisión Administrativa 20/2026, un recorte de $78.768 millones que impacta en el Plan Nacional de Alfabetización, becas e infraestructura universitaria. Mientras tanto, desde el Ejecutivo emitieron un comunicado donde afirmaron haber cumplido con las transferencias mensuales del presupuesto asignado a las universidades, y destacaron que en el Presupuesto 2026 la partida para universidades creció a 4.8 billones de pesos.
El conflicto tiene origen en la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada inicialmente en 2024 y vetada por el Ejecutivo, que fue insistida por el Congreso. La norma permanece suspendida por una medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El caso está en manos de la Corte Suprema, que podría definir si el Gobierno debe o no enviar las partidas adeudadas. En la Casa Rosada consideran que cada día de dilación es favorable para el oficialismo.